Thiago Correa tenía siete años. Caminaba con su papá por Ciudad Evita cuando una bala en la cabeza, disparada por un policía fuera de servicio, le quitó la vida. Ocurrió el miércoles a la noche, pero recién este viernes el caso estalló: Thiago murió en el Hospital de Niños de San Justo y el debate sobre el accionar policial y la violencia institucional volvió a quedar en carne viva.

El autor del disparo fue Facundo Aguilar Fajardo, un oficial de 21 años de la Policía Federal Argentina que, estando de civil, disparó once veces contra cuatro jóvenes que supuestamente habían intentado asaltarlo mientras esperaba el colectivo con su madre. Pero los tiros no ocurrieron durante el supuesto intento de robo, sino cuando los chicos ya estaban escapando. Uno murió, dos resultaron heridos, y una de las balas alcanzó a Thiago a casi dos cuadras del lugar.

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Las cámaras de seguridad no dejan lugar a dudas: se ve a los jóvenes corriendo y al agente disparando por la espalda. La pistola secuestrada a uno de ellos, además, no estaba en condiciones de disparar, según confirmó la fiscalía. A pesar de esto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió al agente y anunció que pedirá imputar por el homicidio a los jóvenes, no al policía. “Los únicos responsables de esta tragedia son los delincuentes que desataron el tiroteo”, aseguró en conferencia de prensa.

La causa judicial, sin embargo, va por otro carril. El fiscal Diego Rulli imputó a Fajardo por exceso en la legítima defensa, y considera que aunque el hecho pudo haber comenzado como una defensa ante un intento de robo, la persecución armada y los disparos por la espalda no pueden justificarse de ningún modo. Las pruebas lo complican.

El caso generó un fuerte repudio de organismos de derechos humanos. El CELS, la Comisión por la Memoria y Correpi denunciaron una escalada en el uso descontrolado de armas por parte de policías fuera de servicio. “El policía disparó de manera irrazonable e irresponsable, y hay una ministra que lo aplaude”, dijo Roberto Cipriano García. Desde el CELS agregaron que el 83% de las muertes en casos similares este año fueron protagonizadas por agentes que estaban de civil.

Bullrich, lejos de retroceder, anunció que buscará reformar el Código Penal para ampliar el alcance de la legítima defensa, una propuesta que hoy no tiene sustento legal: la ley vigente no permite culpar por homicidio a quien no apretó el gatillo.

Mientras tanto, el dolor se instaló en Ciudad Evita y en cada rincón del país que ya vivió demasiadas veces esta misma historia. Thiago tenía siete años. Y murió por una bala policial. Otra vez.