El Senado de la Nación sesionará este jueves para definir el futuro de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema, en un escenario donde el oficialismo carece de los votos necesarios para aprobar los pliegos. Ante la inminente derrota, el Gobierno analiza distintas maniobras para evitar un traspié político, incluida la posibilidad de que la sesión fracase por falta de quórum o que se postergue el tratamiento.

Las postulaciones, anunciadas hace más de un año por el presidente Javier Milei, nunca lograron consenso con la oposición y el panorama se tornó aún más complejo tras la decisión del Ejecutivo de designar a ambos jueces “en comisión” mediante un decreto el pasado 27 de febrero. La medida generó un fuerte rechazo en distintos sectores políticos y jurídicos, profundizando la resistencia a las candidaturas.

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Desde Unión por la Patria (UP) aseguraron contar con más de los 25 votos necesarios para rechazar los pliegos y descartaron cualquier tipo de negociación con el oficialismo. A este rechazo se sumaron legisladores del PRO y la UCR, como Martín Lousteau, Carolina Losada, Alfredo De Angeli y Luis Juez, quienes cuestionaron especialmente la postulación de Lijo. En cambio, García Mansilla encontró menor resistencia, aunque su aceptación del cargo por decreto contradijo su propia declaración en audiencia pública, lo que también generó críticas.

Incluso en el bloque Provincias Unidas, que en otras ocasiones acompañó iniciativas del oficialismo, hubo reproches. La senadora cordobesa Alejandra Vigo calificó la designación por decreto como “un atropello a la división de poderes” y advirtió que el Ejecutivo “no puede imponer su voluntad sobre las instituciones”.

El juez federal Alejo Ramos Padilla, quien evalúa un pedido de inconstitucionalidad contra las designaciones, decidió postergar su fallo hasta que el Senado se expida. Mientras la oposición sostiene que el rechazo de los pliegos implica la salida inmediata de los jueces en comisión, el Gobierno insiste en que pueden permanecer en funciones hasta el 30 de noviembre.

Con este panorama, la sesión de este jueves será determinante para definir no solo el futuro de Lijo y García Mansilla, sino también la estrategia judicial del Gobierno en medio de una fuerte disputa con el Senado.