En un controvertido movimiento, el presidente Javier Milei vetó este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario, tan solo horas después de una multitudinaria marcha en su defensa. A través del Decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial, Milei argumentó que la ley es inviable debido a la falta de recursos y que su implementación afectaría seriamente los objetivos económicos del Gobierno.

El decreto señala que la aplicación de la ley implicaría un gasto extra de $811.569 millones, con un posible impacto de hasta un billón y medio de pesos debido a "interpretaciones erróneas" de sus disposiciones. Este argumento ya había sido adelantado por Milei en varias declaraciones previas, donde expresó su preocupación por el efecto que podría tener la ley en los planes económicos de su administración.

La Ley de Financiamiento Universitario había sido impulsada por la comunidad académica con el fin de garantizar mayores recursos para las universidades públicas y fue apoyada en una histórica movilización que reunió a más de un millón y medio de personas en todo el país. Docentes, estudiantes, sindicatos y sectores políticos de la oposición se unieron en la Segunda Marcha Federal por la Educación para exigir un financiamiento adecuado que permita sostener el sistema universitario.

Sin embargo, pese a la presión popular y el respaldo político, el veto fue firmado por el Presidente en una reunión en la que participaron altos funcionarios, incluidos el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el titular del Banco Central Federico Sturzenegger.

Malestar en la comunidad universitaria

El veto generó indignación entre los sectores que impulsaron la ley. Las principales universidades del país, junto con los gremios de docentes y no docentes, advirtieron sobre las graves consecuencias que podría tener el ajuste en el presupuesto educativo. “Este veto representa un golpe a la educación pública y a millones de estudiantes que dependen de un sistema de calidad”, afirmó Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

Por su parte, María Florencia Saintout, presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), calificó la medida como un "retroceso" y criticó la falta de diálogo por parte del Gobierno. “No se tuvo en cuenta el reclamo legítimo de toda la comunidad educativa, que movilizó masivamente para proteger el futuro de nuestras universidades”, expresó.

Repercusiones políticas

El veto también provocó reacciones en el ámbito político. Desde la oposición, la diputada Myriam Bregman del Frente de Izquierda señaló que Milei "antepone los ajustes neoliberales a las necesidades de la educación pública", mientras que el exministro de Educación Nicolás Trotta advirtió que la decisión "pone en peligro la continuidad de los programas de investigación y becas que son fundamentales para el desarrollo del país".

En medio de las tensiones, el Congreso se prepara para un nuevo debate sobre la posibilidad de insistir con la ley, aunque el veto presidencial deja pocas alternativas.