La estabilidad se convirtió en una de las principales banderas del Gobierno de Javier Milei para defender su programa económico. La desaceleración de la inflación es presentada como una señal de que el rumbo elegido comienza a dar resultados. Sin embargo, cuando el análisis se traslada de los indicadores financieros a la actividad, el empleo, los salarios y el consumo, el panorama aparece mucho más complejo.

Los últimos datos muestran que la recuperación de la economía real continúa siendo una tarea pendiente. La industria cayó 4,9% interanual en julio y registró una baja del 5% frente a junio en la medición desestacionalizada. La construcción, otro de los sectores fundamentales por su capacidad para generar empleo y movilizar actividades vinculadas, retrocedió 4,5% respecto del mismo mes del año anterior.

La caída de estos sectores se combina con un escenario marcado por una menor inversión, pérdida de puestos de trabajo registrados y dificultades para recuperar el poder adquisitivo que tenían los trabajadores antes del ajuste implementado por la administración libertaria.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina sobre los primeros 1.000 días de la gestión de Milei señala que entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se redujo en 411.613 la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas relevadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Durante el mismo período desaparecieron 30.633 empleadores.

El deterioro tampoco se limita a quienes quedaron fuera del mercado laboral formal. Para quienes conservaron sus puestos, la recuperación de los ingresos todavía no alcanzó los niveles previos al inicio de la actual gestión. De acuerdo con el Centro de Economía Política Argentina, en junio de 2026 los salarios privados registrados se encontraban 3,6% por debajo del nivel de noviembre de 2023 en términos reales.

Si se consideran todos los asalariados registrados, públicos y privados, la pérdida alcanzaba el 8,2%. Entre los empleados públicos nacionales, el retroceso llegaba al 37%, siempre según esa medición.

La discusión sobre la inflación también introduce un elemento relevante. Al recalcular la evolución de los precios utilizando el índice basado en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, el Centro de Economía Política Argentina estima que la pérdida salarial acumulada desde noviembre de 2023 se eleva del 8,2% al 18,5%.

Los jubilados tampoco quedaron al margen del deterioro de los ingresos. El bono de 70.000 pesos destinado a quienes cobran la jubilación mínima permanece congelado desde marzo de 2024. Para el período julio-septiembre de 2026, el Centro de Economía Política Argentina calcula que el haber mínimo con bono se encuentra 19,2% por debajo del promedio registrado entre septiembre y noviembre de 2023, en términos reales.

La pérdida de poder adquisitivo comienza a reflejarse también en el nivel de endeudamiento de los hogares. La morosidad bancaria de las familias pasó del 2,5% en noviembre de 2024 al 13% en julio de 2026. Entre los proveedores no financieros de crédito, incluidos los vinculados a la tecnología financiera, el incremento fue todavía mayor: pasó del 7,3% al 33,9%.

El comportamiento de la actividad productiva tampoco permite hablar de una recuperación consolidada. Según el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina de la Central de Trabajadores de la Argentina, entre junio de 2023 y junio de 2026 el crecimiento acumulado fue de apenas 5,5%, equivalente a alrededor de 1,8% anual.

Aunque en junio de 2026 la actividad registró un crecimiento del 0,8% respecto del mes anterior, el nivel quedó apenas 0,4% por encima de febrero de 2025. La medición refleja, de acuerdo con ese análisis, un período de estancamiento que se extiende durante dieciséis meses.

La inversión agrega otro signo de interrogación. El Centro de Economía Política Argentina indicó que la formación bruta de capital fijo cayó 11,6% interanual durante el primer trimestre de 2026, luego de haber retrocedido 2,6% en el último trimestre de 2025.

Las expectativas tampoco acompañan un escenario de fuerte expansión. El Relevamiento de Expectativas de Mercado correspondiente a agosto proyectó un crecimiento de apenas 2,1% para 2026, por debajo del 2,7% estimado un mes antes.

El frente cambiario constituye otra de las preocupaciones del equipo económico. Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, refuerza herramientas para contener eventuales tensiones sobre el dólar, la demanda de moneda estadounidense continúa siendo elevada. Según el Centro de Economía Política Argentina, durante julio 1,7 millones de personas compraron billetes por un total de 2.916 millones de dólares.

En ese contexto, Caputo diseñó un canje por hasta 2.000 millones de dólares entre el Banco Central y el Tesoro Nacional con el objetivo de ampliar las herramientas de cobertura frente al riesgo cambiario. La estrategia de sostener el peso mediante tasas de interés elevadas, sin embargo, también puede encarecer el acceso al crédito para empresas y familias y agregar presión sobre una economía que todavía muestra dificultades para recuperar el nivel de actividad.

El superávit fiscal constituye otro de los pilares centrales del programa oficial. Pero la reducción del gasto no necesariamente representa una mejora estructural si se obtiene mediante el freno de obras públicas o inversiones que podrían incrementar la capacidad productiva y generar actividad y empleo en el futuro.

A esto se suma que determinados intereses de la deuda capitalizados no son contabilizados como gasto del período bajo el criterio de caja, una cuestión que forma parte de la discusión sobre cómo medir el resultado fiscal y la verdadera magnitud del esfuerzo realizado por el Estado.

El punto central del debate económico aparece entonces en la distancia entre los indicadores que el Gobierno utiliza para defender su gestión y la experiencia cotidiana de buena parte de la población. La estabilidad cambiaria y una inflación más baja pueden representar una mejora respecto de períodos de fuerte volatilidad, pero no necesariamente significan estabilidad para quien perdió su empleo, sufrió una reducción de sus ingresos, tuvo que endeudarse para afrontar gastos básicos o vio caer su nivel de producción.

La pregunta comienza a instalarse en el centro de la discusión: ¿puede hablarse de estabilidad cuando la inflación desacelera, pero la industria y la construcción retroceden, los salarios todavía se encuentran por debajo de los niveles de 2023, la morosidad aumenta y la actividad permanece prácticamente estancada?

Mientras el equipo económico busca mantener bajo control el mercado cambiario y reducir las tensiones financieras de cara a un escenario político que tendrá en las elecciones de 2027 uno de sus principales horizontes, los indicadores de la economía real siguen mostrando las consecuencias del ajuste.

Para una parte importante de la sociedad, la discusión sobre la crisis económica ya no pasa solamente por lo que pueda ocurrir con el dólar o la inflación. El costo del ajuste se expresa en el empleo, los ingresos, las deudas, la producción y el consumo. Y esa realidad, lejos de ser una proyección, ya forma parte de la vida cotidiana.