El Gobierno de Javier Milei consiguió avanzar con dos iniciativas centrales de su programa económico en una jornada clave en la Cámara de Diputados, pero el resultado también dejó una señal política que puede complicar sus próximos movimientos. El oficialismo logró reunir mayorías para aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y avanzar con la denominada Inocencia Fiscal II, aunque encontró una oposición con capacidad para articularse alrededor de demandas sociales.

La primera victoria llegó con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que obtuvo 144 votos afirmativos. El proyecto establece nuevas restricciones para el financiamiento del Tesoro por parte de la autoridad monetaria y modifica aspectos centrales de su funcionamiento. Ahora deberá ser tratado por el Senado.

Horas más tarde, cerca de las 23, Diputados aprobó la llamada Inocencia Fiscal II con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones. La iniciativa también deberá pasar por la Cámara alta para convertirse definitivamente en ley.

El proyecto modifica el régimen de regularización fiscal aprobado durante el año pasado y amplía las posibilidades para que contribuyentes incorporen al circuito formal recursos que actualmente permanecen fuera del sistema financiero y tributario.

Uno de los cambios centrales consiste en eliminar los límites de ingresos y patrimonio que establecía la normativa anterior. El régimen previo contemplaba un tope de mil millones de pesos de ingresos mensuales y de 10 mil millones de pesos de patrimonio. La nueva propuesta elimina esas restricciones y amplía considerablemente el universo de personas que podrían acogerse al beneficio.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la iniciativa y sostuvo que uno de los objetivos es conseguir que los ahorros que permanecen fuera del sistema ingresen a la economía formal. El funcionario insistió en la necesidad de que los argentinos utilicen los dólares que mantienen fuera del circuito financiero.

Desde el oficialismo presentaron la reforma como una herramienta para simplificar el sistema tributario, generar confianza entre los contribuyentes y limitar las facultades de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. La diputada Mónica Becerra sostuvo que la iniciativa busca limitar lo que definió como el “poder extorsivo y de persecución” del organismo.

La oposición, en cambio, cuestionó el alcance de la propuesta y sostuvo que la eliminación de los límites puede convertirla en una suerte de blanqueo permanente. También advirtió sobre las dificultades que podrían surgir frente a los mecanismos destinados a controlar el lavado de activos.

Durante el debate aparecieron además cuestionamientos relacionados con el régimen anterior y con funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo que fueron mencionados como beneficiarios de aquella normativa. Entre los nombres mencionados estuvieron Manuel Adorni, Bettina Angeletti, Federico Sturzenegger, Andrés Vázquez, José Luis Espert, Felipe Núñez, Guillermo Francos y Santiago Oría.

A partir de esas referencias, diputados opositores utilizaron la expresión “ley Bettina” para cuestionar el nuevo proyecto y señalar lo que consideran una legislación diseñada para beneficiar a sectores con capacidad económica.

Para conseguir los votos necesarios, el oficialismo aceptó algunas modificaciones planteadas por bloques aliados. Una de ellas estableció que quienes hubieran ejercido cargos públicos durante los últimos cinco años quedaran excluidos del régimen. Sin embargo, esa limitación no se extendió a los familiares de los funcionarios, una cuestión que continuó generando cuestionamientos.

El debate estuvo acompañado por fuertes cruces entre los bloques. El diputado Juan Grabois cuestionó el impacto distributivo de las políticas oficiales y afirmó que “todas las leyes del Gobierno son para el 1% más rico”. También calificó el esquema como “un Estado keynesiano para los ricos”.

El oficialismo rechazó esas acusaciones y defendió la necesidad de generar condiciones para que los contribuyentes puedan incorporar sus recursos al sistema formal sin enfrentar, según su interpretación, un exceso de controles y sanciones.

Pero mientras el Gobierno consiguió avanzar con sus principales proyectos económicos, la sesión dejó una fotografía diferente cuando la oposición intentó incorporar al temario iniciativas relacionadas con el endeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

Para modificar el orden previsto de la sesión era necesaria una mayoría de tres cuartos de los diputados. La propuesta consiguió 133 votos, una cantidad insuficiente para aprobarla, pero lo suficientemente importante como para convertirse en una señal política.

Esos 133 votos fueron reunidos por sectores que habitualmente mantienen diferencias profundas y que, en este caso, coincidieron en reclamar el tratamiento de iniciativas vinculadas con problemas que afectan directamente a distintos sectores de la población.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, destacó el resultado y anticipó que esa cantidad de legisladores puede convertirse en una base para avanzar con el tratamiento de proyectos que el oficialismo busca mantener fuera de la agenda parlamentaria.

El radical Pablo Juliano también reclamó una mayor coordinación entre los distintos espacios opositores frente al deterioro económico. “Es necesario dejar las banderías políticas porque el que está jodido es el argentino de a pie, que no logra llegar a fin de mes”, sostuvo.

La posterior conferencia de prensa reunió a representantes de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Defendamos Córdoba y Coherencia. La reunión mostró que existe un espacio considerable de legisladores dispuesto a coordinar posiciones cuando el Congreso discute demandas sociales.

El contraste entre ambas votaciones resulta significativo. Para sus proyectos económicos, el Gobierno logró construir acuerdos con el PRO, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, Argentina Federal, sectores de Provincias Unidas y legisladores cercanos a distintos gobernadores.

Pero ese respaldo no necesariamente se traslada a iniciativas relacionadas con las condiciones de vida de la población. Allí aparece una oposición que, aunque continúa fragmentada políticamente, puede encontrar puntos de coincidencia capaces de modificar el escenario parlamentario.

La situación representa un desafío para la Casa Rosada. El oficialismo necesita negociar con bloques que no forman parte de La Libertad Avanza para conseguir la aprobación de sus principales proyectos, pero esos mismos legisladores pueden transformarse en una mayoría adversa cuando se discutan temas que tengan un fuerte impacto social.

Los dos triunfos obtenidos durante la jornada no son menores. La reforma del Banco Central constituye una de las apuestas institucionales más importantes del Gobierno para limitar la emisión monetaria y modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria. La Inocencia Fiscal II, por su parte, forma parte de la estrategia oficial para incorporar recursos al circuito formal y reducir las restricciones que pesan sobre los contribuyentes.

Sin embargo, la votación también mostró que el Gobierno no tiene garantizado un respaldo automático para toda su agenda. Los 133 votos reunidos por la oposición funcionan como una advertencia de cara a las próximas discusiones y podrían convertirse en una herramienta parlamentaria de mayor peso.

Ahora ambos proyectos deberán atravesar el Senado, donde el oficialismo tendrá que volver a negociar para conseguir su aprobación definitiva. Allí se pondrá nuevamente a prueba la capacidad del Gobierno para transformar acuerdos puntuales en mayorías suficientes.

La jornada dejó, en definitiva, una doble señal. Milei consiguió dos importantes victorias legislativas y demostró que todavía puede reunir apoyos para avanzar con su programa económico. Pero, al mismo tiempo, la oposición mostró que tiene capacidad para construir una mayoría cuando el eje del debate se desplaza hacia las necesidades sociales.

El resultado puede marcar el comienzo de una nueva etapa en el Congreso: un oficialismo con capacidad para aprobar sus principales reformas económicas, pero frente a una oposición que empieza a encontrar un terreno común para bloquear o impulsar otros proyectos. La disputa por las mayorías parlamentarias recién comienza y los próximos debates podrían mostrar hasta dónde llega realmente el poder de negociación de la Casa Rosada.