La denominada Marcha de los Endeudados llegó este jueves al Ministerio de Economía con una consigna que sintetizó el drama que atraviesan miles de hogares: el endeudamiento dejó de ser una herramienta para afrontar gastos extraordinarios y pasó a convertirse, para muchas familias, en la única alternativa para comprar alimentos, pagar servicios o llegar a fin de mes.

La movilización comenzó a las 14 y tuvo como destino la sede del Ministerio de Economía, ubicada en Hipólito Yrigoyen 250. Organizaciones sociales y sindicales, trabajadores, jubilados y representantes de pequeñas y medianas empresas participaron de la protesta para reclamar medidas frente al crecimiento de las deudas y la imposibilidad de una parte de la población de cumplir con sus obligaciones.

Entre los principales reclamos aparecieron la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los servicios, los despidos, las tasas de interés y las dificultades para acceder a ingresos suficientes. Los manifestantes cuestionaron además la falta de una política específica del Gobierno nacional para asistir a las personas que acumularon deudas y quedaron atrapadas en un círculo de refinanciaciones, intereses y nuevos créditos.

El problema también aparece reflejado en los datos financieros. Según cifras del Banco Central de la República Argentina, la morosidad de los hogares en préstamos llegó al 12,7 por ciento en junio de 2026, frente al 2,5 por ciento registrado en octubre de 2024. A su vez, alrededor de 5,8 millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días.

Detrás de esos números aparecen historias de familias que comenzaron a utilizar préstamos personales, tarjetas de crédito y billeteras virtuales para afrontar gastos que anteriormente podían cubrir con sus ingresos habituales. Cuando el dinero deja de alcanzar, la deuda funciona como un ingreso adicional, pero genera al mismo tiempo nuevas cuotas y mayores obligaciones para los meses siguientes.

Uno de los testimonios que se escucharon durante la protesta fue el de un jubilado de 72 años, quien contó que tuvo que vender una propiedad para intentar hacer frente a sus compromisos financieros. "Con las cuotas que tengo que pagar de las deudas, no puedo vivir", relató.

Otra mujer, de 60 años y docente, describió entre lágrimas una situación marcada por el endeudamiento, la espera de su jubilación y las necesidades de una hija con discapacidad. Su testimonio reflejó cómo la combinación de ingresos insuficientes y obligaciones acumuladas puede transformar una deuda financiera en una crisis familiar.

Una mujer de alrededor de 70 años expuso una situación todavía más extrema. Aseguró que lleva un año sin poder pagar sus deudas y resumió su situación con una frase que se convirtió en una de las imágenes más fuertes de la jornada: "No tengo para comer".

También participó una jubilada que percibe el haber mínimo y aseguró que prácticamente todo su ingreso termina destinado al pago de las obligaciones financieras. Según explicó, comenzó a recurrir a créditos para comprar alimentos y actualmente mantiene una deuda de 1,7 millones de pesos con Mercado Pago.

La mujer relató además que tuvo que cambiar su alimentación debido a la falta de dinero. Productos que antes formaban parte de su compra habitual, como frutas y verduras, quedaron fuera de su presupuesto, mientras que alimentos más económicos como fideos y arroz pasaron a ocupar un lugar central en su dieta.

El reclamo no estuvo limitado a los hogares. Las pequeñas y medianas empresas también denunciaron una situación crítica producto de la caída del consumo, el aumento de los costos y las dificultades para acceder al financiamiento.

Diego Ojeda, presidente de Empresarios Nacionales, sostuvo durante la movilización que el objetivo era visibilizar el impacto que atraviesa el sector. "Estamos tratando de visibilizar la problemática: cerraron 30 mil pymes y sabemos que van a cerrar unas 40 o 50 mil más", afirmó.

Desde las organizaciones empresariales reclaman una Ley de Emergencia para las pequeñas y medianas empresas y medidas que permitan sostener la actividad. Entre las principales dificultades mencionan la caída de las ventas, el aumento de los costos y el encarecimiento del financiamiento necesario para mantener abiertos los establecimientos.

La protesta también contó con la presencia de dirigentes sindicales, entre ellos referentes de la Confederación General del Trabajo. Cerca de las 15, sin embargo, los principales representantes de la central sindical se retiraron de la concentración.

El conflicto adquirió además una dimensión política por la postura que adoptó el Gobierno nacional frente al problema. El presidente Javier Milei rechazó la posibilidad de establecer una asistencia estatal para quienes no pueden afrontar sus obligaciones y sostuvo que las deudas corresponden a relaciones entre privados.

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una posición similar frente a los reclamos. Desde las organizaciones que participaron de la movilización, en cambio, sostienen que el aumento de la morosidad dejó de ser un problema exclusivamente individual y comenzó a tener consecuencias sobre el conjunto de la economía.

La discusión también llegó al Congreso. Existen alrededor de 30 iniciativas vinculadas con el endeudamiento de las familias, que plantean distintas alternativas para enfrentar el problema. Entre ellas aparecen propuestas de refinanciación, reducción de intereses y mecanismos de asistencia para quienes quedaron imposibilitados de cumplir con sus compromisos.

Hasta el momento, el oficialismo mantiene su rechazo a avanzar con esas iniciativas. Por eso, las organizaciones que participaron de la movilización reclaman que el Parlamento discuta medidas específicas y que el Estado intervenga frente a una situación que, según denuncian, continúa extendiéndose.

La Marcha de los Endeudados terminó así reuniendo reclamos provenientes de sectores muy diferentes. Jubilados que solicitan créditos para comprar comida, trabajadores que utilizan tarjetas para cubrir gastos cotidianos y pequeñas y medianas empresas que recurren al financiamiento para intentar sostener sus negocios forman parte de una misma problemática.

La escena frente al Ministerio de Economía buscó ponerle rostro a las estadísticas de morosidad. Detrás de los millones de personas que acumulan atrasos aparecen cuotas que se acumulan, ingresos que no alcanzan y familias obligadas a decidir qué gastos pueden pagar y cuáles deben postergar.

Para los manifestantes, el endeudamiento ya no puede ser considerado solamente como una decisión financiera individual. Lo que comenzó como una forma de cubrir un gasto puntual puede transformarse, ante la pérdida de ingresos y el aumento de los costos, en una cadena de obligaciones difícil de cortar.

Y mientras el Gobierno sostiene que no corresponde una intervención estatal sobre deudas contraídas entre particulares, quienes marcharon este jueves reclaman justamente lo contrario: que el crecimiento de la morosidad sea reconocido como una consecuencia de la situación económica y que se adopten medidas antes de que más familias queden atrapadas en el endeudamiento.