El Gobierno de Javier Milei logró este viernes una importante victoria legislativa al obtener la media sanción en el Senado de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque el resultado final estuvo lejos del escenario que el oficialismo había imaginado. La iniciativa llegó al recinto recortada luego de que La Libertad Avanza debiera retirar dos capítulos centrales para evitar una derrota parlamentaria.

Con 37 votos a favor y 33 en contra, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto con el acompañamiento del Partido Propuesta Republicana, la mayoría de la Unión Cívica Radical y algunos bloques provinciales. Sin embargo, durante la jornada quedó expuesta la dificultad del Gobierno para sostener los consensos alcanzados y mantener el respaldo de sus aliados.

El primer retroceso ocurrió antes del inicio del debate, cuando el Ejecutivo eliminó del texto el capítulo vinculado con la extranjerización de la tierra, que habilitaba una mayor apertura para la compra de terrenos por parte de extranjeros.

Horas más tarde, durante la discusión en particular, el oficialismo volvió a dar marcha atrás y retiró las modificaciones propuestas para la Ley de Manejo del Fuego al comprobar que no contaba con los votos suficientes para aprobar ese apartado.

La sesión estuvo atravesada por una fuerte tensión dentro y fuera del Congreso. Mientras los senadores debatían la iniciativa, miles de personas se concentraron en las inmediaciones del Palacio Legislativo para rechazar el proyecto, en una movilización convocada por organizaciones sindicales, sociales, ambientales, estudiantiles y políticas.

La protesta terminó con un operativo de seguridad que generó una fuerte polémica. Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma para dispersar a los manifestantes, en una jornada que dejó personas heridas y detenidas.

El oficialismo llegó al recinto con una versión modificada del proyecto original. La eliminación del capítulo sobre tierras fue interpretada por sectores opositores como una consecuencia directa de la presión política ejercida por gobernadores, legisladores dialoguistas y las movilizaciones que se desarrollaron en distintas provincias.

Durante el debate también quedó expuesta la pérdida de respaldo para la reforma de la Ley de Manejo del Fuego. Algunos senadores que inicialmente acompañaban la iniciativa plantearon objeciones y terminaron obligando al Gobierno a retirar ese punto antes de una posible derrota en la votación.

El senador radical Maximiliano Abad cuestionó la constitucionalidad de esa modificación y afirmó: "Está viciado de inconstitucionalidad, que va a ser materia de discusión judicial y la seguridad jurídica, que este proyecto viene a buscar, se debilita".

Desde Unión por la Patria denunciaron además irregularidades en el tratamiento parlamentario. El presidente del interbloque, José Mayans, reclamó que el proyecto regresara a comisión al considerar que el nuevo dictamen había sido entregado pocas horas antes de la sesión.

"Se recibió el supuesto despacho a las 11.45. Yo me enteré de casualidad", sostuvo Mayans durante el debate. La propuesta para devolver el expediente a comisión fue rechazada por 38 votos contra 31.

Pese a los cambios introducidos, la ley aprobada mantiene algunos de los artículos más cuestionados por la oposición. Entre ellos se encuentran las modificaciones al régimen de expropiaciones, que endurecen las condiciones para que el Estado pueda declarar la utilidad pública de determinados bienes, y la reforma del sistema de desalojos, que acelera los procedimientos judiciales frente a incumplimientos de contratos de alquiler.

Durante la discusión, el senador Jorge Capitanich cuestionó el enfoque del proyecto y afirmó: "El problema de la Argentina no es la inviolabilidad de la propiedad privada, sino el acceso a la propiedad privada a los pobres".

En la misma línea, Mariano Recalde sostuvo que las nuevas disposiciones afectan también a los inquilinos y advirtió que "incluyen a los inquilinos con contrato por el mero atraso en el pago del alquiler", en referencia al impacto que podría tener la reforma en un contexto de pérdida del poder adquisitivo.

Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una herramienta para atraer inversiones y reforzar la seguridad jurídica. La senadora Carmen Álvarez Rivero aseguró que "necesitamos reglas claras para que las inversiones vengan a la Argentina", mientras que Juan Carlos Pagotto afirmó que "el proceso es la respuesta civilizada, es la respuesta del derecho a determinados conflictos legales o jurídicos".

Con la aprobación en el Senado, el Gobierno logró avanzar con una de sus reformas centrales, pero el recorrido dejó señales de dificultad política. La necesidad de eliminar dos capítulos relevantes para garantizar la aprobación mostró los límites de la mayoría oficialista y evidenció que la construcción de acuerdos parlamentarios continuará siendo uno de los principales desafíos para La Libertad Avanza.

La media sanción representa un triunfo legislativo para Milei, pero también una advertencia sobre la capacidad del oficialismo para sostener su agenda completa frente a la resistencia opositora, la presión social y las diferencias dentro de los bloques aliados.