El Gobierno nacional sufrió un duro revés político en el Senado y decidió retirar el capítulo más polémico de la denominada "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", luego de comprobar que no contaba con los apoyos suficientes para avanzar con una reforma que generó fuertes cuestionamientos por su impacto sobre la soberanía territorial.

La modificación eliminada habilitaba una flexibilización de las restricciones para que ciudadanos y empresas extranjeras pudieran adquirir tierras en el país, una medida que desde distintos sectores políticos, sociales y provinciales fue cuestionada por considerar que podía favorecer la extranjerización de zonas estratégicas, recursos naturales y territorios de alto valor productivo.

La decisión del oficialismo llegó después de una intensa ronda de negociaciones en la que la Casa Rosada buscó reunir los votos necesarios para garantizar el tratamiento del proyecto. Sin embargo, la resistencia de varios gobernadores y senadores terminó inclinando la balanza y obligó al Gobierno a retirar uno de los puntos centrales de la iniciativa.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó las gestiones para conseguir respaldo parlamentario, pero el oficialismo no logró alcanzar los 37 votos necesarios para asegurar el quórum y la aprobación del proyecto en la Cámara alta. Ante ese escenario, el Ejecutivo optó por modificar la propuesta para evitar una derrota legislativa.

El capítulo eliminado era uno de los aspectos que más rechazo había generado en las provincias, especialmente en aquellas con grandes extensiones rurales, reservas de agua dulce, recursos minerales y territorios ubicados en zonas de frontera. Gobernadores de distintos espacios políticos habían advertido que no acompañarían una reforma que redujera la capacidad del Estado para controlar el acceso a tierras consideradas estratégicas.

Uno de los principales cuestionamientos surgió desde Neuquén, donde el gobernador Rolando Figueroa expresó su rechazo a cualquier cambio que facilitara la venta de tierras a capitales extranjeros. Su postura resultó determinante para la posición de la senadora Julieta Corroza, cuyo voto era seguido de cerca por el oficialismo.

También los mandatarios de Tucumán y Misiones marcaron distancia con la iniciativa. Osvaldo Jaldo confirmó que sus representantes en el Senado no respaldarían el capítulo cuestionado, mientras que Hugo Passalacqua sostuvo que su provincia debía preservar el control sobre sus recursos estratégicos.

A esa lista de rechazos se sumaron senadores que hasta último momento mantenían dudas sobre su postura. Legisladores como Flavio Fama, Daniel Kroneberger, José María Carambia y Flavia Royón terminaron inclinándose en contra del apartado vinculado a la compra de tierras por extranjeros, dejando al Gobierno sin margen para sostenerlo dentro del proyecto.

La marcha atrás representa un golpe para la estrategia legislativa del presidente Javier Milei, que había impulsado la reforma como parte de su programa de desregulación y apertura económica. Desde el oficialismo sostenían que la modificación permitiría atraer inversiones y brindar mayor seguridad jurídica, mientras que sus críticos advertían sobre el riesgo de perder capacidad de decisión sobre áreas fundamentales del territorio nacional.

Aunque el Gobierno logró retirar el punto más resistido para intentar mantener con vida el resto de la iniciativa, el episodio dejó en evidencia las dificultades del oficialismo para construir consensos en el Congreso y la fuerte oposición que generó un proyecto considerado por distintos sectores como una amenaza al control argentino sobre sus tierras y recursos naturales.