El Senado se prepara para una votación decisiva para el Gobierno de Javier Milei. Con los números todavía ajustados, la Casa Rosada concentra sus negociaciones en un grupo de senadores que permanecen sin una posición pública definida y que podrían inclinar el resultado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que generó una fuerte controversia por sus cambios en el régimen de tierras rurales.

El oficialismo necesita reunir 37 votos para alcanzar la mayoría necesaria en la Cámara alta. Según los cálculos que circulan entre los distintos bloques, La Libertad Avanza contaría con alrededor de 34 apoyos entre legisladores propios, aliados y representantes provinciales, por lo que la búsqueda de votos adicionales se volvió una prioridad para el Gobierno.

Desde la administración nacional sostienen que la reforma busca brindar mayor seguridad jurídica, proteger el derecho de propiedad y generar condiciones para atraer inversiones. Sin embargo, sus críticos advierten que los cambios podrían debilitar los controles sobre la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros y afectar zonas consideradas estratégicas por sus recursos naturales.

El principal punto de conflicto está vinculado con la modificación del esquema que regula la propiedad extranjera de tierras rurales. Organizaciones sociales, ambientales y especialistas en políticas territoriales señalan que la iniciativa reduce las herramientas del Estado para intervenir en la protección de áreas fronterizas, reservas de agua, territorios indígenas y regiones con potencial energético o minero.

Entre los senadores cuyo voto aparece como determinante se encuentran los representantes de Misiones Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, integrantes del Frente Renovador de la Concordia. La posición de ambos está atravesada por las diferencias dentro del espacio provincial, donde conviven sectores con mayor cercanía al Gobierno nacional y otros que expresaron reparos sobre algunos aspectos de la iniciativa.

También son observados con atención los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, vinculados al gobernador Claudio Vidal. La situación de Santa Cruz adquiere especial relevancia por tratarse de una provincia donde amplias extensiones territoriales ya se encuentran bajo propiedad extranjera y donde el debate sobre los recursos naturales tiene un peso estratégico.

Otro de los nombres que aparece en las negociaciones es el de la senadora chubutense Edith Terenzi, integrante del monobloque Despierta Chubut y cercana al gobernador Ignacio Torres. La Patagonia se convirtió en uno de los focos centrales de la discusión por el interés de grandes inversores internacionales sobre extensas superficies de tierra y recursos considerados estratégicos.

La lista de posibles votos decisivos también incluye al correntino Carlos "Camau" Espínola, integrante del bloque Provincias Unidas, y a los radicales Daniel Kroneberger, representante de La Pampa, y Flavio Fama, de Catamarca, quienes todavía no confirmaron públicamente su postura.

En la vereda opuesta, Unión por la Patria ya anticipó su rechazo al proyecto, al igual que otros sectores opositores. También algunos legisladores que en otras oportunidades acompañaron iniciativas del oficialismo, como el radical bonaerense Maximiliano Abad y la senadora cordobesa Alejandra Vigo, adelantaron que no respaldarán la propuesta impulsada por el Gobierno.

La discusión excede el aspecto técnico de la legislación sobre propiedad privada. Para quienes cuestionan la iniciativa, el proyecto implica un cambio profundo en la relación entre el Estado, los inversores privados y el control de los recursos naturales. Según sus argumentos, una menor regulación podría favorecer la concentración de tierras en manos de grandes actores económicos.

Desde el oficialismo, en cambio, rechazan esas críticas y aseguran que la reforma no implica una pérdida de soberanía territorial, sino una actualización de normas que consideran restrictivas para el desarrollo económico y la llegada de inversiones.

Con un escenario de extrema paridad, la definición de un pequeño grupo de senadores será clave para el futuro del proyecto. Sus decisiones no solo determinarán el resultado de la votación en el Senado, sino que también marcarán el rumbo de una discusión que pone en juego el modelo de propiedad de la tierra y el uso de los recursos estratégicos del país.