La Ley Nacional de Etiquetado Frontal volvió al centro del debate público luego de que el Gobierno nacional impulsara un proyecto para eliminar la normativa que obliga a colocar octógonos negros de advertencia en alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías.

La iniciativa generó una fuerte discusión entre distintos sectores que coinciden en que el sistema vigente puede tener modificaciones, aunque mantienen posiciones enfrentadas sobre el camino que debe tomar la regulación alimentaria en la Argentina.

La Ley 27.642, aprobada en 2021, estableció la incorporación de sellos negros en los envases de productos que superan determinados límites nutricionales. Además, incluyó restricciones para la publicidad dirigida a niños y limitaciones para la venta de determinados alimentos en establecimientos educativos.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la normativa presenta problemas técnicos y regulatorios, y enviaron al Congreso un proyecto para derogarla. La propuesta cuenta con el respaldo de sectores de la industria alimenticia, que cuestionan principalmente la metodología utilizada para determinar cuándo un producto debe llevar advertencias.

En ese sentido, la Confederación de Asociaciones de la Industria Alimenticia Argentina (Copal) manifestó reparos sobre el sistema actual y señaló que la fórmula aplicada puede generar comparaciones poco precisas entre alimentos con características nutricionales diferentes.

Sin embargo, especialistas en nutrición infantil plantean una alternativa distinta. Desde PROFENI (Profesionales Expertos en Nutrición Infantil) consideran que el debate no debería enfocarse en eliminar los octógonos, sino en mejorar el modelo para que la información destinada a los consumidores sea más clara y precisa.

Los expertos sostienen que el etiquetado frontal continúa siendo una herramienta importante de salud pública, aunque advierten que el sistema vigente puede presentar algunas limitaciones. Según explican, ciertos productos con perfiles nutricionales diferentes terminan recibiendo una cantidad similar de advertencias, lo que puede dificultar la elección de los consumidores.

La doctora en nutrición María Elena Torresani, integrante de PROFENI, señaló que el desafío consiste en garantizar el derecho a la información, pero mediante un esquema que permita identificar mejor las diferencias entre los productos disponibles en el mercado.

Uno de los principales puntos de discusión está relacionado con el modelo de evaluación utilizado por la ley argentina, basado en el perfil de nutrientes desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud. Los especialistas cuestionan que esa herramienta fue pensada para analizar patrones alimentarios completos y no necesariamente productos individuales.

Entre las modificaciones propuestas aparece la posibilidad de reemplazar los actuales umbrales móviles por valores absolutos calculados cada 100 gramos o 100 mililitros, un sistema utilizado en países como Brasil, Chile y Uruguay.

También plantean establecer una diferencia más clara entre los azúcares naturalmente presentes en algunos alimentos y aquellos agregados durante los procesos industriales, ya que consideran que ambos componentes no deberían recibir el mismo tratamiento.

Otro de los cuestionamientos de los especialistas apunta al impacto del sistema sobre la reformulación de productos. Según explican, algunas empresas reducen ciertos componentes como azúcar, sodio o grasas saturadas, pero los alimentos continúan manteniendo advertencias debido a la metodología utilizada para calcular los sellos.

Además, PROFENI propone ampliar el acceso a la información nutricional en aquellos alimentos que no tienen envase, como productos vendidos en panaderías, restaurantes, heladerías y otros comercios. Para esos casos sugieren incorporar herramientas digitales como códigos QR que permitan consultar la composición de los productos.

Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la eliminación de la ley permitiría avanzar hacia un esquema más compatible con las regulaciones del Mercosur y reducir obstáculos para la producción y comercialización de alimentos.

La discusión legislativa definirá el futuro de una de las políticas de información alimentaria más importantes implementadas en la Argentina durante los últimos años. Mientras el Gobierno busca modificar el esquema vigente, especialistas y organizaciones sanitarias advierten que cualquier cambio debería garantizar que los consumidores continúen contando con herramientas claras para tomar decisiones sobre su alimentación.