Cuatro personas fueron detenidas acusadas de integrar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en el barrio El Lucero, ubicado en la localidad de Ciudad Madero, partido de La Matanza.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires y permitieron secuestrar 789 envoltorios con cocaína, además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos que serán analizados en el marco de la investigación.

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, el grupo utilizaba los pasillos internos del asentamiento para desarrollar la actividad ilegal. El punto de venta funcionaba a pocos metros de una iglesia, circunstancia que llamó especialmente la atención de los investigadores.

Las tareas comenzaron después de que se recibiera información sobre la posible existencia de un lugar utilizado para distribuir drogas dentro del barrio. A partir de esos datos, los agentes desplegaron una serie de vigilancias y seguimientos destinados a confirmar la actividad denunciada.

Según indicaron los investigadores, las primeras observaciones permitieron detectar “un punto de expendio de drogas que operaba en los pasillos internos del mencionado asentamiento, lindante a una iglesia”.

La ubicación del lugar y las características del barrio obligaron a desarrollar distintas estrategias para evitar que las personas investigadas advirtieran la presencia policial. Los agentes realizaron recorridos encubiertos, observaron los movimientos de los sospechosos e identificaron los accesos utilizados por los compradores.

Entre las medidas implementadas se destacó el uso de vehículos aéreos no tripulados. Los drones permitieron obtener registros fílmicos desde el aire y documentar la circulación de personas dentro de los pasillos del asentamiento.

Las imágenes mostraron una llegada constante de posibles compradores, quienes permanecían durante pocos minutos en el lugar antes de retirarse. Ese comportamiento fue considerado compatible con una modalidad de venta de estupefacientes al menudeo.

Los registros también permitieron establecer cuáles eran los sectores utilizados para recibir a los compradores, guardar las sustancias y advertir sobre la eventual presencia de personas ajenas al barrio.

De manera paralela, los efectivos realizaron otras tareas de campo para corroborar la información obtenida mediante las filmaciones. El objetivo era reunir suficientes pruebas antes de solicitar la autorización judicial para ingresar a los domicilios investigados.

A través de los seguimientos, la Policía logró identificar al presunto responsable principal del punto de venta y a otras personas que habrían colaborado con la entrega, el fraccionamiento y el resguardo de la droga.

Con las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó una serie de órdenes de allanamiento que fueron posteriormente autorizadas por la Justicia. Los procedimientos se realizaron de manera simultánea para evitar que los sospechosos pudieran escapar o desprenderse de los elementos vinculados con la causa.

Los operativos concluyeron con la detención de cuatro personas señaladas como presuntas integrantes de la organización. Todas quedaron a disposición de las autoridades judiciales mientras avanza la investigación.

Durante las requisas, los agentes encontraron 789 envoltorios que contenían una sustancia posteriormente identificada como cocaína. La droga se encontraba fraccionada y preparada para su presunta comercialización.

También fueron secuestrados teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos considerados relevantes. La fiscalía buscará determinar si el dinero provenía de la venta de drogas y si los dispositivos contienen información relacionada con la organización.

Los investigadores realizarán peritajes sobre los teléfonos incautados con el objetivo de recuperar conversaciones, registros de llamadas, contactos, movimientos de dinero y posibles instrucciones vinculadas con la actividad investigada.

El análisis podría permitir identificar a proveedores, compradores habituales y otras personas que hayan participado en el funcionamiento del punto de venta. También se intentará establecer si los detenidos mantenían vínculos con organizaciones dedicadas a distribuir droga en otros barrios de La Matanza.

Otra de las líneas de investigación estará orientada a determinar el origen de la cocaína secuestrada y el recorrido realizado por la sustancia antes de llegar al asentamiento.

La Justicia también buscará establecer la función que cumplía cada una de las personas detenidas. Los investigadores sospechan que existía una distribución de tareas entre quienes presuntamente administraban el lugar, fraccionaban la droga, atendían a los compradores y vigilaban los accesos.

La causa fue caratulada como “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la participación de una persona menor de edad”. Durante las tareas previas se habría detectado la intervención de un menor en alguna de las actividades atribuidas a la organización.

La posible utilización de una persona menor de edad constituye un agravante dentro de la investigación. La fiscalía deberá determinar cuál habría sido su participación y si fue incorporada al grupo para cumplir tareas de vigilancia, traslado o entrega de sustancias.

El expediente quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción número 14, encabezada por el fiscal Amador López, con intervención del juez de Garantías Hugo Pinos Guevara.

Los cuatro acusados permanecerán a disposición de la Justicia mientras se completan los peritajes sobre la droga, el dinero y los dispositivos electrónicos secuestrados.

La investigación continuará con nuevas declaraciones testimoniales y el análisis de las filmaciones obtenidas mediante drones. Los agentes también intentarán establecer si el punto desbaratado era abastecido por una estructura de mayor alcance.

Los procedimientos permitieron desactivar un lugar que, según la hipótesis de los investigadores, recibía diariamente a numerosas personas para la compra de cocaína. La cercanía con una iglesia y la utilización de los pasillos internos del barrio formaban parte de un esquema destinado a dificultar el control policial.

La fiscalía deberá ahora reunir las pruebas necesarias para determinar la responsabilidad de cada detenido y establecer si existen otros integrantes de la presunta organización que todavía no fueron identificados.