La causa judicial por el fentanilo contaminado se convirtió en una de las investigaciones sanitarias más graves de los últimos años en Argentina. Con casi 100 muertes bajo análisis y decenas de pacientes afectados, la Justicia profundiza ahora una nueva etapa de la pesquisa que pone bajo la lupa el funcionamiento de los organismos de control y el rol que pudieron haber tenido distintos funcionarios en la cadena de responsabilidades.

El expediente, que tramita en el Juzgado Federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak, registró un avance significativo a mediados de mayo cuando el magistrado amplió los procesamientos contra Ariel García Furfaro y otros doce imputados vinculados a HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo.

La nueva resolución incorporó 70 fallecimientos y 44 casos de lesiones atribuidos al uso de partidas contaminadas de fentanilo. Esos hechos se sumaron a las 20 muertes que ya habían sido contempladas en una resolución anterior, elevando la cifra total de víctimas fatales investigadas a cerca de 90 personas.

La magnitud del caso llevó a los investigadores a extender el análisis más allá de los laboratorios involucrados. Ahora la atención se concentra en determinar si existieron demoras, negligencias o fallas en los controles estatales que permitieron que el medicamento llegara a hospitales y centros de salud de distintas provincias.

En ese contexto, la Justicia comenzó a examinar la actuación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y de áreas dependientes del Ministerio de Salud de la Nación.

Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con los tiempos de reacción ante las primeras alertas sanitarias. Según consta en el expediente, el Hospital Italiano de La Plata detectó bacterias en ampollas de fentanilo elaboradas por HLB Pharma y notificó la situación a principios de mayo de 2025.

Sin embargo, los investigadores intentan establecer si existió una demora entre las primeras advertencias y las medidas oficiales que terminaron restringiendo la utilización del producto. La hipótesis que se analiza es que ese lapso pudo haber favorecido la continuidad de la distribución y utilización del medicamento contaminado dentro del sistema sanitario.

Las pericias realizadas durante la instrucción permitieron identificar microorganismos peligrosos presentes tanto en las ampollas cuestionadas como en numerosos pacientes afectados. Entre ellos aparecen bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica, cuya presencia resultó clave para reconstruir la relación entre el producto y los cuadros clínicos registrados.

A medida que avanzaron los análisis, la Justicia logró reconstruir la trazabilidad del lote investigado y determinó que las partidas contaminadas fueron distribuidas en al menos 52 establecimientos sanitarios ubicados en distintas jurisdicciones del país.

La magnitud de la investigación obligó a revisar más de 10.500 historias clínicas correspondientes a pacientes que recibieron fentanilo durante el período considerado de riesgo. A partir de ese trabajo, los peritos pudieron identificar casos compatibles con la contaminación y establecer nexos epidemiológicos entre los distintos episodios.

El expediente también describe un escenario de graves irregularidades dentro de Laboratorios Ramallo. Según las resoluciones judiciales, las inspecciones detectaron incumplimientos reiterados en las normas de fabricación de medicamentos estériles, registros deficientes, documentación alterada y controles de calidad que no cumplían con los estándares exigidos para este tipo de productos.

Para el juez Kreplak, la contaminación no fue producto de un hecho aislado sino de una sucesión de incumplimientos que generaron un riesgo sanitario concreto para los pacientes.

Por esa razón permanecen procesados Ariel García Furfaro, su hermano Diego García Furfaro, su madre Nilda Furfaro y otros directivos, responsables técnicos y supervisores vinculados a las empresas investigadas.

Las acusaciones incluyen la adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte y la elaboración de productos peligrosos para la salud pública, delitos que podrían derivar en severas condenas si las imputaciones quedan confirmadas durante el proceso.

Mientras la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata analiza los recursos presentados por las defensas, la causa ingresa en una etapa decisiva. Los investigadores buscan determinar si el sistema de fiscalización sanitaria funcionó de manera adecuada y si los organismos responsables actuaron con la rapidez necesaria para evitar que el medicamento siguiera circulando.

La respuesta a esos interrogantes podría ampliar el alcance de la investigación y abrir una nueva discusión sobre las responsabilidades institucionales detrás de una tragedia que ya figura entre las más graves registradas en el ámbito sanitario argentino en las últimas décadas.