En 2024, el Gobierno nacional marcó un récord negativo en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), reduciendo las transferencias discrecionales a las provincias a solo $49.800 millones, una caída del 72% respecto a los $179.530 millones de 2023. Este ajuste, enmarcado en la estrategia para alcanzar el superávit fiscal, encendió alarmas en varias provincias que dependen de estos fondos para equilibrar sus finanzas.

Solo diez de las 24 provincias accedieron a estos recursos. Misiones lideró el ranking con $13.000 millones, seguida por Entre Ríos ($6.800 millones) y Tucumán ($6.500 millones). Sin embargo, distritos clave como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza no recibieron un solo peso.

La Casa Rosada justificó la distribución en base a “requerimientos por emergencias y/o desequilibrios financieros”, aunque el patrón de asignación generó suspicacias. “Hay privilegios claros con gobernadores afines”, señalaron desde la oposición.

Según un informe de Politikon Chaco, el fondo total de ATN ascendía a $679.898 millones, pero apenas el 7,3% fue ejecutado. El impacto varió ampliamente: en provincias como Misiones y Chubut, los ATN representaron más del 50% de las transferencias no automáticas; en Santa Fe, Corrientes y Santa Cruz, apenas un 10%.

La drástica reducción de los ATN subraya la política de ajuste fiscal del Gobierno de Javier Milei en un contexto de alta inflación y estancamiento económico. Sin embargo, pone en jaque la capacidad de las provincias para cubrir gastos corrientes y sostener inversiones clave.

El cierre del año sin giros adicionales de ATN consolidó la medida como uno de los pilares del ajuste, pero también dejó abierta la pregunta de cómo afrontarán las provincias un panorama financiero cada vez más restrictivo. Mientras tanto, la disparidad en la distribución de los fondos refuerza las tensiones políticas entre el Ejecutivo nacional y los gobiernos provinciales.