La causa por la muerte de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, dio un giro clave en las últimas horas con la detención de su madre, Mariela Beatriz Altamirano, y su padrastro, Maicol González. Ambos quedaron a disposición del fiscal Facundo Oribones, quien instruye la investigación.

La medida fue tomada luego de que la Justicia hiciera lugar a un pedido presentado por el padre del menor, Luis Armando López, con el patrocinio del abogado Roberto Castillo. En la ampliación de la denuncia se solicitó la imputación y detención inmediata de ambos acusados por el delito de homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte, una figura que prevé la pena de prisión perpetua.

Altamirano y González fueron arrestados durante la noche del domingo, bajo el argumento de que existía riesgo de fuga. Según confirmaron fuentes judiciales, serán indagados el próximo martes, en el marco de una causa que se agrava con el correr de las horas.

El documento presentado por la querella describe un escenario de extrema gravedad, al señalar la “producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes”. En ese sentido, sostiene que la muerte del niño no fue un hecho aislado ni accidental, sino la consecuencia de meses de maltrato físico y desprotección.

Uno de los elementos más contundentes de la investigación es el resultado preliminar de la autopsia, que detectó lesiones traumáticas en la región craneal incompatibles con una muerte natural o accidental, y que evidencian la presencia de violencia física de alta intensidad. A esto se suman testimonios de vecinos que aseguran haber escuchado gritos del menor y presenciado situaciones de violencia en el hogar.

La causa también apunta a posibles responsabilidades de funcionarios del sistema de protección de derechos. La querella incluyó cuestionamientos hacia el juez de familia Pablo José Pérez, la asesora Verónica Roldán y la integrante del Servicio de Protección de Derechos Jennifer Leiva. Según la presentación, estos actores habrían contribuido a un escenario de desprotección que permitió que el caso escalara hasta el desenlace fatal.

El abogado Castillo trazó además un paralelismo con la Ley 27.709, al señalar que los funcionarios podrían haber incumplido los deberes establecidos en la normativa, que fija pautas de capacitación y detección temprana de situaciones de violencia contra niños.

La solicitud de detención se fundamentó también en riesgos procesales concretos. Según la querella, existen indicios de que los imputados habrían intentado eliminar pruebas, incluyendo la quema de prendas de vestir del niño el día del hecho. Además, se investiga un presunto plan de fuga hacia la ciudad de Eldorado, que habría sido gestionado por la madre a través de un familiar.

“Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda”, sostiene la denuncia presentada ante la fiscalía. Mientras tanto, la conmoción crece en Comodoro Rivadavia, donde la sociedad sigue de cerca una causa que podría exponer fallas estructurales en los mecanismos de protección infantil.