El juez Carlos Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 50, citó a indagatoria para el próximo 18 de marzo a las 10 al empresario Marcelo Porcel, imputado por presuntos abusos contra compañeros de sus hijos del Colegio Palermo Chico.

La convocatoria se produjo tras el requerimiento del fiscal Pablo Turano, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 1. De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, la audiencia se realizará de manera virtual y no incluirá medidas restrictivas adicionales: no se dispuso detención, ni retención de pasaporte, ni prohibición de salida del país, pese a que esas medidas habían sido solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

La decisión generó malestar en parte de la querella, que había impulsado la indagatoria y aguardaba la adopción de mayores restricciones respecto del imputado.

Porcel, de 51 años, asistido por el abogado Roberto Rallin, está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de menores de dieciocho años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

La causa reúne diez presuntas víctimas. Nueve familias se constituyeron como querellantes —dos de los adolescentes son hermanos— y son representadas por el abogado Pablo Hawlena Gianotti. Además, otro joven denunció hechos similares aunque no formalizó su participación en el expediente.

Según la imputación fiscal, los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2024. La acusación sostiene que el empresario captaba la confianza de los amigos de sus hijos y los invitaba a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina ubicada en la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Retiro. En esos encuentros, siempre de acuerdo con la hipótesis investigativa, les proveía alcohol, promovía apuestas en línea y desafíos con recompensas económicas, y los instaba a desnudarse parcialmente o les realizaba masajes con cremas, en algunos casos con tocamientos en zonas íntimas.

Para el fiscal, las conductas se habrían desarrollado de manera sistemática, organizada y premeditada, aprovechando que los menores se encontraban bajo su guarda provisoria y en contextos en los que el imputado tenía control de la situación. La investigación también señala que habría logrado ganarse la confianza de los padres.

En enero, a pedido del Ministerio Público, el magistrado levantó la feria judicial para tomar declaración a los últimos denunciantes incorporados por la querella. Tras la realización de peritajes psicológicos, los informes oficiales fueron presentados a fines de febrero, lo que dio nuevo impulso al expediente.

Desde el inicio de la causa, el juez impuso una restricción de acercamiento de 300 metros respecto de las presuntas víctimas, del Colegio Palermo Chico y del club GEBA, donde los adolescentes practican actividades deportivas.

Además, se ordenaron allanamientos en los domicilios y en la oficina del empresario, con el secuestro de computadoras y teléfonos celulares. En dos dispositivos se hallaron tres imágenes consideradas relevantes para la investigación: una de un menor duchándose y otra de un adolescente en ropa interior frente a una cama. Dos de esas fotografías fueron reconocidas por uno de los denunciantes y sus padres, según consta en la causa.

La indagatoria prevista para el 18 de marzo será determinante para definir la situación procesal del empresario en una investigación que continúa en etapa de instrucción.