La tensión por el debate de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo tras la detención de un camarógrafo del canal A24 en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina. El hecho ocurrió durante una manifestación contra las modificaciones a la normativa y derivó en la apertura de una investigación interna dentro de la fuerza policial.

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que se inició un sumario contra el efectivo que intervino en la demora del trabajador de prensa. Según explicó, tras dialogar con el secretario de Seguridad, el jefe de Policía consideró que la conducta del uniformado resultaba “reprochable”, lo que motivó la actuación administrativa.

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Bullrich también tomó distancia del despliegue de seguridad realizado ese día y remarcó que actualmente no ocupa el cargo de ministra de Seguridad, por lo que no tuvo injerencia en la planificación ni ejecución del operativo en el perímetro del Palacio Legislativo.

El episodio se produjo cuando un grupo de activistas realizó una intervención en rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares que se discute en el Senado. De acuerdo con la información oficial, una docena de manifestantes ingresó al perímetro del edificio y desplegó carteles en las escalinatas, tras lo cual fueron detenidos por personal policial.

La organización ambientalista Greenpeace confirmó que doce de sus activistas participaron de la acción, que definieron como pacífica y simbólica. Desde la entidad cuestionaron las detenciones y señalaron que la protesta buscó advertir sobre el posible impacto de las modificaciones en los presupuestos mínimos de protección de glaciares y del ambiente periglacial.

Según indicaron voceros de la organización, el proyecto en debate implicaría redefinir el alcance de las áreas protegidas y trasladar determinadas competencias a las provincias, lo que, a su entender, podría generar mayor discrecionalidad en la toma de decisiones vinculadas a la explotación de recursos naturales.

Fuentes vinculadas a Greenpeace informaron que las doce personas detenidas fueron trasladadas a distintas dependencias policiales de la ciudad. Nueve mujeres fueron derivadas a una comisaría vecinal, mientras que los tres hombres fueron llevados a otra seccional.

El caso volvió a poner en discusión el accionar de las fuerzas de seguridad en contextos de protesta social y la protección del trabajo periodístico durante coberturas en la vía pública, en medio de un debate parlamentario sensible sobre la regulación ambiental y la gestión de recursos estratégicos.