El fútbol argentino vive sus horas más oscuras y dramáticas tras una decisión que ha dejado en shock a millones de fanáticos en todo el territorio nacional. El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino lanzó un contraataque sin precedentes contra el Gobierno Nacional al resolver la suspensión total de la actividad oficial programada para la primera semana de marzo. Esta medida de fuerza extrema paralizará la novena fecha de la Liga Profesional y todas las categorías del ascenso, dejando los estadios vacíos en una señal de protesta que ya recorre el mundo.

La mecha que encendió este polvorín es una grave acusación judicial por una supuesta evasión impositiva sistemática que ascendería a la impactante suma de diecinueve mil millones de pesos. El conflicto escaló a niveles críticos este lunes, cuando los dirigentes decidieron que la pelota no ruede mientras las máximas autoridades de la casa madre del fútbol sean sometidas a indagatorias por parte de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. El inicio del paro coincide quirúrgicamente con el día en que el presidente de la entidad debe presentarse ante la justicia.

La denuncia, impulsada por el organismo recaudador nacional, apunta a una presunta omisión en el pago de tributos y retención de aportes previsionales durante un periodo de dieciocho meses. Sin embargo, desde el predio de Ezeiza, la cúpula dirigencial cerró filas de manera unánime y exhibió documentos que, según su versión, demuestran que la institución mantiene sus cuentas al día. Para los directivos, no se trata de una cuestión contable, sino de una persecución política diseñada para doblegar la resistencia de los clubes sociales y abrirle paso a las Sociedades Anónimas Deportivas.

El clima de tensión es tal que el presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, no dudó en calificar la situación como una declaración de guerra abierta contra la estructura tradicional del fútbol argentino. Las sospechas en la calle Viamonte son profundas e incluso salpican a intereses externos y embajadas extranjeras, sugiriendo que existe una intención oculta de intervenir en los millonarios recursos que genera la Selección Argentina, especialmente en la antesala de la próxima Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica.

En el plano estrictamente legal, la situación de los principales protagonistas es sumamente delicada. Sobre las figuras de Claudio Tapia y Pablo Toviggino pesa actualmente una prohibición para salir de la República Argentina, una medida cautelar que solo puede ser levantada mediante el pago de cauciones millonarias para compromisos específicos en el exterior. A pesar de estas restricciones, el juez de la causa otorgó permisos excepcionales para viajes a Brasil y Colombia, aunque el avance de las indagatorias promete sumar nuevos nombres de peso a la lista de imputados.

Esta parálisis del deporte más popular del país representa el capítulo más violento de un enfrentamiento que lleva meses gestándose entre el Poder Ejecutivo y la dirigencia deportiva. Con la justicia penal como campo de batalla y los hinchas como principales rehenes de la disputa, el fútbol argentino se encuentra en un punto de no retorno. La incertidumbre sobre cuándo volverá a rodar la pelota es total, mientras la sociedad asiste a una pulseada de poder que amenaza con cambiar para siempre la identidad de las instituciones deportivas nacionales.