Una movilización masiva contra la reforma laboral que se debatía en el Senado terminó con una intervención policial de gran magnitud en las inmediaciones del Congreso Nacional. El operativo conjunto entre fuerzas federales y la Policía de la Ciudad dejó más de 300 personas heridas, 31 detenidas y al menos 70 demoradas, de acuerdo con relevamientos realizados por organismos de derechos humanos.

El despliegue fue coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación e incluyó efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de la Ciudad. Según fuentes oficiales, más de 800 agentes participaron del dispositivo destinado a resguardar el tratamiento legislativo del proyecto impulsado por el oficialismo.

Los incidentes comenzaron alrededor de las tres de la tarde, cuando un grupo reducido de personas encapuchadas arrojó piedras y otros objetos por encima del vallado instalado frente al Palacio Legislativo. A partir de ese momento, las fuerzas de seguridad avanzaron para despejar la plaza y las calles aledañas mediante el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y camiones hidrantes.

Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Comisión Provincial por la Memoria señalaron que la respuesta estatal fue desproporcionada y sostuvieron que la mayoría de los manifestantes ejercía su derecho a la protesta de manera pacífica. Según registros de estas entidades, al menos 562 personas fueron asistidas por equipos sanitarios en el lugar por efectos de los gases y lesiones producidas por postas de goma.

Entre los heridos se contabilizaron periodistas y observadores de derechos humanos. El cronista Mario Sadras, de Radio Gráfica, denunció haber recibido disparos de balas de goma a corta distancia de su rostro mientras cubría los hechos.

Socorristas y organizaciones presentes indicaron que se registraron disparos efectuados por encima de la cintura, lo que contraviene los protocolos vigentes para el uso de armamento considerado menos letal. También se reportaron impactos en el rostro y la cabeza, así como cuadros de intoxicación severa por la exposición a gases lacrimógenos.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires informó que, tras la desconcentración parcial, se establecieron cordones policiales que dificultaron la evacuación por calles laterales, obligando a numerosos manifestantes a retirarse hacia la avenida 9 de Julio mientras continuaban los disparos de gas y balas de goma.

Durante la tarde también se registraron detenciones en la zona de Lima entre México y Chile, donde efectivos de la Policía de la Ciudad retuvieron a decenas de personas, varias de ellas integrantes de organizaciones sociales. Con el transcurso de las horas, parte de los demorados recuperó la libertad, mientras otros fueron trasladados a dependencias policiales.

Desde distintos espacios sociales se denunciaron detenciones arbitrarias y situaciones de violencia durante los arrestos. Organismos de derechos humanos compararon el operativo con el desplegado en anteriores debates legislativos de alto impacto, al considerar que existió una decisión previa de aplicar un esquema de seguridad intensivo para impedir el desarrollo de la protesta.

La jornada concluyó en un clima de fuerte tensión dentro y fuera del Congreso, mientras el debate parlamentario sobre la reforma laboral continuaba en el recinto.