El Gobierno confirmó que la semana que viene volverá a emitir deuda en dólares con legislación local mediante un nuevo Bonar 2029, un título bullet que pagará intereses del 6,5% anual en mayo y noviembre. La operación forma parte de la estrategia de Luis Caputo de mostrar un “retorno” al financiamiento voluntario, aunque en los hechos no reemplaza la autorización legislativa necesaria para emitir deuda bajo ley internacional.

La Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública obliga a contar con aval parlamentario para cualquier colocación externa. Por eso, el Ejecutivo incluyó en el Presupuesto 2026 un pedido de habilitación para emitir títulos bajo ley extranjera y una modificación normativa que flexibiliza futuros canjes. Mientras tanto, esta licitación se convertirá en un ensayo para medir apetito y precios.

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El rendimiento final dependerá del valor de colocación que se conocerá el miércoles. Consultoras como 1816 advierten que, con los Globales rondando el 10% anual, el Gobierno apunta a inversores locales para fijar un “precio de referencia” más bajo. La pregunta que domina el mercado es quién elegiría este nuevo bono si el AL30, más líquido, rinde 10,6% contra MEP.

Entre los compradores potenciales figuran los bancos, que acumulan unos US$22.900 millones en liquidez, aunque no han mostrado interés reciente por los Bonares. Para que participen, los analistas creen que podría haber incentivos regulatorios, como suele ocurrir en las licitaciones en pesos. También aparecen en el radar los fondos comunes de inversión en dólares, con más de US$10.000 millones administrados, y las tesorerías corporativas, que pueden operar Bonares sin las restricciones cruzadas del MEP y el CCL.

Según 1816, la licitación podría cerrar con un rendimiento por debajo del 9%, algo que solo sería posible si aparece un “inversor especial”, si Economía impulsa cambios normativos que incentiven a bancos y grandes institucionales, o si se opta por una emisión de bajo monto.

Más allá del resultado, el Bonar 2029 marcará el primer paso de un camino que el Gobierno quiere completar en 2026: volver a los mercados internacionales, pero esta vez con aval del Congreso y mejores condiciones financieras.