Las declaraciones de Scott Bessent, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, encendieron una tormenta política y económica en Buenos Aires. El funcionario confirmó que la operación financiera que sostuvo al gobierno de Javier Milei durante la última elección “no fue un rescate” sino “un swap de monedas” que, además de estabilizar el mercado, “hizo dinero” para el contribuyente norteamericano.

El reconocimiento oficial disparó críticas y sospechas en la oposición argentina, que ahora exige conocer los detalles de la maniobra. Según estimaciones del mercado, la intervención de octubre habría alcanzado los 2.000 millones de dólares, más otros 800 millones utilizados para pagar vencimientos con el FMI. En total, el monto involucrado podría rondar entre 2.700 y 3.000 millones, aunque no se conocen las condiciones: ni el plazo, ni la tasa, ni las garantías ofrecidas.

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Especialistas describen el mecanismo con una lógica simple pero cuestionada. El Tesoro estadounidense habría ingresado dólares al mercado y los cambió por pesos, que luego colocó en instrumentos de corto plazo con intereses. Tras las elecciones, al activarse el swap, Argentina quedó obligada a emitir deuda en dólares para honrar esos compromisos, permitiendo que los fondos norteamericanos retiraran su ganancia sin afectar el tipo de cambio.

“El que entró y salió del mercado ganó; el que quedó fue la deuda externa”, resumió el economista Cristian Buteler. En la misma línea, el diputado Carlos Castagneto pidió al ministro Luis Caputo que informe al Congreso los términos del acuerdo y aclare si existieron “tasas privilegiadas o beneficios especiales” para los acreedores extranjeros.

Bessent también sumó condimentos políticos y geopolíticos a la controversia: afirmó que la operación ayudó a “apuntalar electoralmente” a Milei y que el entendimiento incluyó un compromiso para reducir la influencia china en Argentina. Las revelaciones abrieron nuevas dudas sobre posibles condiciones no financieras impuestas por Washington.

La falta de información oficial mantiene en vilo a los analistas, que advierten sobre riesgos legales y reputacionales. Nadie sabe con precisión qué cláusulas, derechos de cobro o garantías respaldan los instrumentos emitidos, ni cómo impactarán en el futuro fiscal del país.

En el plano político, el episodio expone las tensiones de la dependencia financiera: apoyos internacionales condicionados, beneficios externos y un saldo interno de deuda e incertidumbre. Mientras crecen los pedidos de informes y auditorías parlamentarias, la operación que “hizo dinero” para Estados Unidos deja a la Argentina con más preguntas que respuestas.