El viernes por la noche, la Policía Bonaerense allanó la vivienda de una mujer vinculada a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño Jota”. Allí se secuestraron una pistola Glock calibre 40, un pasaporte nuevo a su nombre, recibos de transferencias hacia Perú y un esquema de recaudación a través de Mercado Pago. Según los investigadores, todo indica que Valverde estaría huyendo, posiblemente hacia Jujuy y desde allí a territorio peruano.

La organización narco a la que pertenece “Pequeño Jota” tiene antecedentes de extrema violencia y vínculos con ex integrantes de Sendero Luminoso. Los investigadores señalaron que Valverde sería sobrino de Marcos Estrada, un histórico capo del sur porteño, y primo de “Dumbo”, quien heredó parte del poder. El joven de 23 años habría intentado disputar el control territorial mientras la complicidad de ciertos sectores policiales facilitaba su expansión.

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Un chofer de aplicación declaró que trasladó desde la casa de la masacre a dos hombres cubiertos de barro hacia otra vivienda cercana. Allí, los investigadores hallaron la pala con la que se cavó el pozo donde fueron enterradas las víctimas, lo que evidencia que el crimen fue planeado con antelación.

Miguel Ángel Villanueva Silva, detenido junto a su pareja, confesó haber grabado el ataque y transmitido el video a unos 45 miembros de la banda. Según su relato, una de las jóvenes habría sido acusada de quedarse con dinero o drogas, lo que habría motivado la venganza.

El Ministerio de Seguridad confirmó además la detención en Bolivia de Lázaro Víctor Sotacuro, identificado como el conductor de la camioneta blanca utilizada para trasladar a las víctimas. Aunque su nombre no figuraba como prófugo en la causa, será el fiscal quien determine su rol exacto en las próximas horas.

La investigación se centra ahora en Pequeño Jota, su mano derecha Matías Agustín Ozorio y al menos dos sicarios que habrían participado directamente en la masacre. Las fuentes judiciales aseguraron que la organización no responde a un grupo internacional consolidado, sino a un reducido clan que disputa el control del menudeo en barrios del sur porteño.

Los hallazgos también ponen en evidencia la connivencia de sectores policiales y la falta de control estatal en zonas donde los clanes narcos suplen funciones básicas: financian comedores, otorgan préstamos y captan jóvenes en situación de vulnerabilidad, exponiendo a las adolescentes a un circuito de explotación que mezcla necesidad económica y violencia.

El triple femicidio de Brenda, Morena y Lara expone la brutalidad de un entramado que opera en silencio desde hace años en el sur del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Para los investigadores, el crimen es la manifestación más cruda de la relación entre mafias, estructuras estatales y abandono social.