POLICIALES
Escándalo judicial: acusan al juez Maraniello de censura y vínculos con laboratorio investigado
Por: Carlos Rodriguez
El magistrado que prohibió difundir audios de Karina Milei enfrenta denuncias por mal desempeño y presuntos lazos con HLB Pharma y su dueño detenido, Ariel García Furfaro.
El juez federal Alejandro Maraniello, conocido por ordenar la censura de audios de Karina Milei en julio, vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por Elisa Carrió, la diputada Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes, quienes exigen su destitución inmediata por “mal desempeño”.
La denuncia critica la medida cautelar dictada en la causa “Karina Milei s/medidas cautelares”, que los referentes de la Coalición Cívica consideran “censura previa contra la prensa” y un ataque grave a la libertad de expresión. Según el escrito, Maraniello “violó su deber de imparcialidad, abusó de su autoridad y menoscabó la confianza pública en la Justicia”.
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Además, se incorporan nuevos datos sobre posibles vínculos del juez con el laboratorio HLB Pharma, investigado tras casi 100 muertes por fentanilo contaminado. La empresa es auspiciante de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, presidida por Maraniello, y su dueño, Ariel García Furfaro, detenido en la causa, habría financiado viajes del magistrado a Estados Unidos.
La denuncia también menciona una supuesta connivencia con funcionarios del Poder Ejecutivo, en particular con el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, con el objetivo de “encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos” en su contra.
Otro eje de la presentación es la acumulación de denuncias internas por abuso moral, sexual y violencia de género realizadas por empleados de su juzgado ante el Consejo de la Magistratura y la Cámara Civil y Comercial Federal. Incluso, en 2023 se dispuso una consigna policial permanente dentro del tribunal para proteger al personal.
Por último, los denunciantes señalan irregularidades en la entrega de cartas de ciudadanía argentina, concluyendo que la suma de hechos “evidencia un grave incumplimiento de sus deberes como funcionario y la pérdida total de autoridad moral”.
Si bien la denuncia se radicó en el Consejo de la Magistratura, desde la Coalición Cívica no descartan impulsar acciones similares en el Congreso.
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