Por primera vez desde el inicio de la ofensiva militar en Gaza, dos de las principales organizaciones de derechos humanos de Israel lanzaron una denuncia sin precedentes: acusan al Estado israelí de estar cometiendo un genocidio deliberado contra la población palestina. Los informes, publicados este lunes por B’Tselem y Physicians for Human Rights Israel (Médicos por los Derechos Humanos), detallan con datos, imágenes satelitales y testimonios las consecuencias devastadoras de las políticas aplicadas por el gobierno de Benjamin Netanyahu.

“Un análisis de la política de Israel y sus horribles resultados, junto con declaraciones de experimentados políticos y comandantes militares israelíes sobre los objetivos de los ataques, llevan a la conclusión inequívoca de que Israel está realizando acciones coordinadas y deliberadas para destruir a la sociedad palestina en la Franja de Gaza”, afirmó B’Tselem en su demoledor informe titulado “Nuestro genocidio”.

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Las cifras que exponen son escalofriantes. Casi 150 personas murieron por desnutrición, incluidos 85 niños. El 92% de los menores de entre seis meses y dos años no accede al alimento necesario para crecer. Según el informe médico, “esta no es una crisis temporal. Es una estrategia para eliminar las condiciones necesarias para vivir. Aún si Israel detiene su ofensiva hoy, la destrucción que infringió garantiza que muertes prevenibles continuarán por años. (...) Esto es la negación de la supervivencia. Esto es genocidio”.

Ambos informes documentan un patrón de bloqueo sistemático del ingreso de ayuda humanitaria. A pesar de que una investigación del propio ejército israelí desmintió que Hamas se apropiara de la asistencia, el Estado delegó en mayo la distribución de alimentos a una empresa de seguridad estadounidense, mientras mantiene cerrados los pasos fronterizos. Desde entonces, más de mil palestinos fueron asesinados por soldados o mercenarios mientras intentaban conseguir comida.

Las declaraciones de altos funcionarios israelíes también forman parte del material presentado. El ministro de Finanzas Bezalel Smotrich había dicho en agosto de 2024: “Es imposible en la realidad global actual hacer la guerra —nadie en el mundo nos permitirá matar de hambre y sed a los dos millones de ciudadanos (sic)... aún si es lo justo y moral hasta que devuelvan a nuestros rehenes”.

El diagnóstico es alarmante: “Israel desplazó a 9 de cada 10 gazatíes, destruyó o dañó el 92% de las casas y dejó a más de medio millón de chicos sin escuelas. Hizo desaparecer servicios esenciales de salud, incluidos centros de diálisis, maternidad y tratamientos para cáncer y diabetes”, señaló Médicos por los Derechos Humanos.

B’Tselem advirtió que el genocidio no estaría limitado a Gaza: “El genocidio está pasando ahora en la Franja de Gaza, pero cualquier detonante puede provocar su rápida expansión a otras áreas bajo control de Israel. Actualmente, no hay ningún mecanismo, doméstico o internacional, para frenarlo.”

Los informes encienden una alarma que retumba más allá del conflicto militar: apuntan a la existencia de una política estatal que socava deliberadamente las condiciones mínimas para la vida de millones de palestinos. La denuncia, formulada desde el propio corazón de la sociedad israelí, deja expuesta a una comunidad internacional que, presionada por el silencio cómplice, deberá decidir si actúa... o sigue mirando para otro lado.