La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín tendrá este martes una audiencia clave para analizar la situación procesal de Tony Jansen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, quien permanece detenido tras ser extraditado desde Perú y está acusado de haber tenido un rol central en el triple crimen ocurrido en Florencio Varela.

La defensa, encabezada por el abogado Lucas Contreras Alderete, presentó tres recursos ante los camaristas. El primero busca revertir el procesamiento y tiene como uno de sus principales argumentos un informe técnico elaborado a partir de información proporcionada por la empresa Movistar sobre la ubicación del teléfono celular utilizado por Valverde Victoriano durante el día de los asesinatos.

Según sostiene la defensa, el análisis de las antenas telefónicas ubicaría el dispositivo en Nueva Pompeya, en la Ciudad de Buenos Aires, durante toda la jornada en la que ocurrieron los homicidios. Para los abogados, ese elemento permitiría cuestionar la presencia del acusado en el lugar donde fueron encontradas las víctimas y debería ser tenido en cuenta al momento de revisar el procesamiento.

El mismo planteo incluye un cuestionamiento relacionado con las condiciones bajo las cuales se concretó la extradición desde Perú. La defensa sostiene que la Corte Suprema de ese país autorizó el traslado de Valverde Victoriano específicamente por la acusación vinculada con los homicidios.

A partir de esa situación, los abogados consideran que el acusado no podría ser juzgado en la Argentina por otros delitos que aparecen bajo investigación, entre ellos narcotráfico, trata de personas y lavado de activos.

El segundo recurso estará centrado en la prisión preventiva. La defensa cuestionará la decisión del juzgado de primera instancia de mantener detenido a Valverde Victoriano y sostendrá que se aplicó un criterio que calificó como un «automatismo peligroso», basado principalmente en la gravedad de la pena prevista y en una fuga registrada meses atrás.

Desde el entorno del acusado argumentan que aquella fuga no tuvo como objetivo evitar el accionar de la Justicia, sino que fue una «reacción de pánico y vulnerabilidad» frente a la exposición pública y mediática que había adquirido el caso.

Como alternativa a la prisión preventiva, los abogados propondrán medidas de control menos restrictivas, entre ellas la utilización de un dispositivo electrónico y la supervisión permanente de una persona responsable.

El tercer planteo estará relacionado con las condiciones de detención. La defensa denunciará que Valverde Victoriano permanece sometido a un régimen de «aislamiento extremo de 23 horas y media diarias», que considera incompatible con las garantías establecidas por las normas nacionales e internacionales.

Según los abogados, ese régimen también dificulta el contacto del acusado con su madre y su hermana, quienes viven en Perú, y complica la comunicación con su defensor. Por ese motivo, solicitarán que se revise el esquema de aislamiento y se establezcan condiciones que permitan garantizar una comunicación adecuada con su defensa.

La audiencia se realizará mientras continúa la investigación por los asesinatos de Brenda Loreley del Castillo, de 20 años; Morena Verdi, de 20; y Lara Gutiérrez, de 15. Los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontrados maniatados y enterrados en una vivienda de Florencio Varela.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, las víctimas habrían sido engañadas en Ciudad Evita, partido de La Matanza, mediante una supuesta invitación a una fiesta privada. Posteriormente, habrían sido trasladadas hasta una vivienda ubicada en la calle Chañar al 700, donde fueron asesinadas.

Una de las principales hipótesis de la investigación vincula el triple homicidio con una disputa relacionada con el narcotráfico y con el presunto robo de un cargamento de estupefacientes. También se analiza la posibilidad de que el crimen haya sido registrado o transmitido con el objetivo de enviar un mensaje dentro de una organización criminal.

Este último aspecto forma parte de las hipótesis que todavía deben ser acreditadas durante el proceso judicial y no constituye, por sí mismo, una conclusión definitiva sobre el móvil de los asesinatos.

Con los planteos de la defensa sobre la mesa, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín deberá analizar la situación procesal de Pequeño J y resolver si mantiene su procesamiento y prisión preventiva, además de determinar si corresponde modificar las condiciones en las que permanece detenido mientras avanza la investigación por el triple crimen.