La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó nuevas medidas destinadas a comprobar la explicación que el exjefe de Gabinete presentó sobre el origen de parte de sus fondos. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió avanzar con una pericia sobre ocho billeteras de Bitcoin que, según la defensa, fueron utilizadas para operaciones que le permitieron obtener 591.544,61 dólares antes de su ingreso a la función pública.

La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y se inició por presuntas inconsistencias en la evolución patrimonial de Adorni. El exfuncionario sostuvo que comenzó a operar con Bitcoin años antes de ocupar cargos públicos y que posteriormente liquidó esas tenencias. Según su presentación, parte del dinero obtenido quedó en efectivo y fue utilizado luego para afrontar distintos gastos, inversiones y operaciones inmobiliarias.

Ahora, Pollicita busca comprobar técnicamente si las ocho direcciones digitales presentadas por la defensa efectivamente registraron las operaciones descriptas, si las fechas y los montos coinciden y si esas billeteras estaban bajo control de Adorni. Para ello, se prevé la intervención de un especialista y la participación de la defensa y de un perito de parte. La medida deberá ser autorizada por el juez Lijo.

La defensa presentó un acta notarial para respaldar la titularidad de las ocho billeteras y puso a disposición de la Justicia las claves privadas. Según su versión, las operaciones se realizaron entre octubre de 2014 y septiembre de 2018 y las criptomonedas fueron vendidas a particulares, con pagos en efectivo y sin intervención de bancos o plataformas de intercambio.

El peritaje adquiere relevancia porque las billeteras de autocustodia no están necesariamente asociadas a la identidad de una persona. Por eso, la Fiscalía pretende verificar mediante evidencia técnica que las operaciones consignadas en la presentación judicial coincidan con los movimientos registrados en la cadena de bloques y con la documentación aportada por la defensa.

De acuerdo con la explicación presentada por Adorni, las ocho direcciones generaron un total de 591.544,61 dólares. La defensa utilizó esa suma para explicar el origen de una parte de los fondos declarados posteriormente y sostuvo que se trataba de un activo adquirido antes de su llegada a la función pública.

En paralelo, Pollicita pidió ampliar el análisis sobre la situación económica y patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Entre las medidas solicitadas figura la reconstrucción de sus ingresos, bienes y actividades económicas, además de información vinculada con eventuales participaciones en sociedades y antecedentes profesionales.

La Fiscalía también mantiene bajo análisis las refacciones realizadas en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá. En ese punto existen diferencias entre los montos incorporados a la investigación y la valuación presentada por la defensa, por lo que se busca establecer cuánto costaron efectivamente las obras y cómo fueron abonadas.

Las nuevas medidas no implican por sí mismas una conclusión sobre la existencia de un delito. Su objetivo es contrastar la explicación patrimonial presentada por Adorni con evidencia técnica, documental y financiera independiente para determinar si los fondos que atribuyó a sus operaciones con Bitcoin pueden ser vinculados con las operaciones y movimientos que declaró ante la Justicia.