Manuel Adorni quedó más cerca de ser citado a indagatoria en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito durante su paso por el Gobierno de Javier Milei. El fiscal federal Gerardo Pollicita le otorgó un plazo de 15 días para que presente explicaciones sobre una serie de inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas, sus gastos y distintos movimientos financieros.

La investigación reconstruyó la evolución patrimonial del exvocero presidencial y de su esposa, Bettina Angeletti, entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, cuando Adorni dejó su cargo en la administración nacional. Según los cálculos incorporados al expediente, los ingresos lícitos comprobados del matrimonio durante ese período no alcanzarían para justificar el nivel de gastos registrado.

De acuerdo con la documentación analizada por la fiscalía, Adorni percibió 35 haberes correspondientes a los distintos cargos que ocupó durante su permanencia en el Gobierno. Esos ingresos oscilaron aproximadamente entre 3 y 7 millones de pesos mensuales. Al sumar los ingresos comprobados de su esposa, la fiscalía calculó un total de 229.752.283,20 pesos.

El problema aparece al comparar esa cifra con los gastos reconstruidos durante el mismo período. Según el expediente, el matrimonio habría tenido gastos corrientes por 272.820.832,20 pesos, lo que deja una diferencia de 43.068.549 pesos que deberá ser explicada ante la Justicia.

La fiscalía también señaló que durante 2024 los gastos del grupo familiar registraron un incremento del 119 por ciento, un dato que pasó a formar parte del análisis patrimonial realizado por los investigadores.

Uno de los puntos centrales de la pesquisa está relacionado con el uso de dólares en efectivo. La investigación puso bajo análisis los fondos utilizados para afrontar viajes al exterior, alquileres, operaciones inmobiliarias, refacciones y compra de mobiliario.

Entre las operaciones que despertaron mayor interés aparece un desembolso de 402.578,12 dólares relacionado con la adquisición y puesta en valor de una vivienda en el country Indio Cuá y un departamento ubicado en la calle Miró 550, en el barrio porteño de Caballito.

En la propiedad de Indio Cuá se realizaron, entre otras mejoras, la construcción de una piscina climatizada, un jacuzzi, una parrilla y diferentes trabajos de refacción. Para la fiscalía, el origen de los fondos utilizados para afrontar esas obras y operaciones todavía no encuentra una correspondencia suficiente con los ingresos declarados.

Otro de los interrogantes surgió a partir de las distintas declaraciones juradas presentadas por Adorni. Cuando ingresó a la función pública, el exfuncionario no había informado tenencias de dólares en efectivo. Sin embargo, posteriormente realizó rectificaciones de ejercicios anteriores en las que aparecieron montos considerablemente mayores.

En una corrección correspondiente a 2024 declaró 42.500 dólares. Antes de dejar el Gobierno, además, presentó nuevas rectificaciones: en la declaración correspondiente a 2023 incorporó 565.000 dólares bajo el concepto de “venta de activos”, mientras que para 2024 informó 513.000 dólares y para 2025 declaró 388.961 dólares.

Para Pollicita, esas modificaciones requieren explicaciones adicionales, especialmente por las diferencias entre las tenencias declaradas al inicio y al cierre de cada ejercicio y por el concepto utilizado para justificar el origen de los fondos.

La investigación también puso el foco en las operaciones realizadas con criptomonedas. La fiscalía detectó que durante su paso por el Gobierno Adorni habría utilizado cuatro billeteras virtuales cuyos movimientos no fueron informados ante la Oficina Anticorrupción.

Las plataformas mencionadas en el expediente son Binance, Lemon, Buenbit y Satoshi Tango. Según el requerimiento fiscal, las cuentas registraron durante el período investigado ingresos, retiros y conversiones por un monto equivalente a 269.550,36 dólares.

Los investigadores buscan establecer de dónde provinieron esos fondos, cuál fue el recorrido de los activos digitales y si existe alguna relación entre esas operaciones y los dólares que posteriormente fueron incorporados en las declaraciones juradas.

El propio Adorni había hablado públicamente sobre sus operaciones con criptomonedas. En una entrevista televisiva afirmó que había invertido aproximadamente 200.000 dólares y que había obtenido alrededor de 300.000 dólares de ganancias. También mencionó dinero que, según su versión, habría encontrado en la vivienda de su padre después de su fallecimiento.

Sin embargo, la fiscalía detectó que al validar su identidad en Binance Adorni había informado un capital de 250.000 dólares, una cifra que, según la investigación, tampoco habría sido declarada oportunamente ante los organismos correspondientes.

Por ese motivo, Pollicita pretende que el exfuncionario explique el circuito completo de adquisición, tenencia, movimientos y eventual liquidación de esos activos digitales.

La lupa judicial también alcanzó a sus movimientos bancarios. La Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos detectó ingresos cuyo origen no estaría determinado en una cuenta de Adorni en el Banco Nación, además de comprobantes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero correspondientes a operaciones que deberán ser aclaradas.

Las operaciones inmobiliarias también ocupan un lugar destacado dentro de la investigación. Uno de los casos analizados es la compra de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, que tuvo un valor declarado de 200.000 dólares.

Según la documentación incorporada al expediente, los vendedores aceptaron inicialmente 30.000 dólares y el saldo quedó sujeto a un pago sin intereses previsto para fines de 2026.

La operación se realizó mediante Pablo Martín Feijóo, conocido de Adorni por el colegio al que concurren sus hijos. Según la investigación, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo fueron las vendedoras del inmueble, que anteriormente había pertenecido al futbolista Hugo Alberto Morales.

Feijóo también declaró que financió reformas realizadas en el departamento por un monto de 65.000 dólares, otro de los movimientos que quedaron incorporados al análisis patrimonial.

La vivienda ubicada en el country Indio Cuá también presenta un aspecto que deberá ser explicado. Para concretar esa operación aparece un préstamo privado de 100.000 dólares otorgado por Graciela Isabel Molinas y Victoria Cancio, ambas integrantes de fuerzas policiales, con una tasa de interés del 11 por ciento.

De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, Adorni habría accedido a ese financiamiento a través de la escribana Adriana Nechevenko.

A esto se suman préstamos y deudas declarados con familiares. El exfuncionario informó una deuda de 16 millones de pesos con su madre, Silvia Pais, y otra de 18 millones de pesos con la sucesión de su abuela, Norma Zuccolo. En declaraciones anteriores también había consignado obligaciones con el Banco Galicia que posteriormente dejaron de aparecer.

Todos estos elementos fueron reunidos por Pollicita en un requerimiento compuesto por 20 puntos que Adorni deberá responder durante los próximos 15 días.

La presentación será clave para determinar si las explicaciones ofrecidas permiten justificar las diferencias detectadas por los investigadores o si, por el contrario, la fiscalía considera que existen elementos suficientes para avanzar hacia una instancia procesal más comprometida.

En caso de que las respuestas no resulten satisfactorias, Pollicita podría solicitar que Adorni sea citado a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La causa ingresó así en una etapa decisiva. Mientras el exfuncionario deberá explicar ante la Justicia el origen de los fondos utilizados para sostener sus gastos y realizar distintas operaciones patrimoniales, los investigadores continuarán reconstruyendo sus movimientos bancarios, inmobiliarios y vinculados con activos digitales.

El resultado de esas explicaciones será determinante para establecer si las inconsistencias detectadas pueden ser justificadas documentalmente o si la investigación avanza hacia una acusación formal contra quien fuera uno de los principales voceros del Gobierno de Milei.