El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse el próximo 30 de junio ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para prestar declaración indagatoria en una investigación que busca determinar el origen y el destino de 200 mil dólares recibidos desde una empresa vinculada con el empresario Federico “Fred” Machado.

La citación fue dispuesta después de un pedido presentado por el fiscal federal Fernando Domínguez, quien sostiene que el dinero ingresó a una cuenta bancaria de Espert en Estados Unidos y posteriormente habría sido incorporado al sistema financiero argentino mediante distintas operaciones destinadas a otorgarle una apariencia lícita.

La declaración indagatoria no implica una condena ni determina la responsabilidad penal del exlegislador. Se trata de una instancia en la que deberá responder las acusaciones, presentar su versión de los hechos y aportar las explicaciones que considere necesarias frente a las pruebas reunidas.

La investigación se concentra en una transferencia realizada el 22 de enero de 2020 hacia una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley. De acuerdo con la hipótesis fiscal, los fondos provenían de Wright Brothers Aircraft Title Incorporated, una empresa relacionada con Machado y con su socia Debra Lynn Mercer Erwin.

Mercer Erwin fue condenada en Estados Unidos a 16 años de prisión. Machado, por su parte, fue investigado por delitos relacionados con lavado de dinero, fraude y narcotráfico, y llegó a un acuerdo con la fiscalía de Texas luego de declararse culpable de lavado y fraude.

Según la documentación incorporada al expediente, la organización investigada en Estados Unidos utilizaba empresas, cuentas bancarias y operaciones con aeronaves para facilitar distintas maniobras ilegales. También habría defraudado a inversionistas mediante la compra de aviones inexistentes o que no se encontraban en condiciones de operar.

El fiscal Domínguez sostiene que Espert habría intentado justificar el ingreso de los 200 mil dólares mediante un contrato firmado con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo. Para la acusación, ese acuerdo comercial habría sido simulado y no correspondería a un trabajo profesional efectivamente realizado.

El documento, fechado el 7 de junio de 2019, establecía que Espert debía brindar asesoramiento para reestructurar una deuda de la compañía, efectuar un análisis de mercado y elaborar un plan de ampliación y crecimiento.

Sin embargo, la investigación determinó que el economista no habría viajado a Guatemala para realizar esas tareas ni contratado a especialistas capaces de desarrollar el trabajo previsto en el acuerdo.

Otro de los elementos señalados por la fiscalía es que Machado se encontraba en la Argentina en el momento en que el contrato habría sido firmado en Guatemala. Posteriormente, el documento fue presentado ante una escribanía de la Ciudad de Buenos Aires, donde se certificó una segunda firma atribuida a Espert.

Los investigadores solicitaron información al Registro Mercantil de Guatemala, que indicó que Minas del Pueblo había sido inscripta de manera provisional durante mayo de 2017 y que su actividad estaba condicionada a la obtención de autorizaciones administrativas.

La Fiscalía de Delitos contra el Ambiente de Guatemala informó además que la empresa habría realizado tareas de explotación de recursos naturales sin contar con los permisos correspondientes.

La fiscalía especializada en delitos vinculados con el narcotráfico también abrió una investigación de oficio después de que comenzara a circular información pública sobre las actividades de la compañía.

Los informes incorporados al expediente señalan que Minas del Pueblo no registraba actividad durante junio de 2019, fecha en la que habría sido firmado el contrato con Espert. Para la acusación, ese dato fortalece la sospecha de que el acuerdo fue elaborado para ofrecer una explicación formal al ingreso del dinero.

Durante un allanamiento realizado en la vivienda de Machado en Viedma fueron encontrados documentos relacionados con la operación. Algunos estaban rotos y debieron ser reconstruidos por los investigadores.

Esos papeles indicaban que el contrato ascendía a un millón de dólares. El esquema de pago contemplaba un desembolso inicial de 100 mil dólares y nueve transferencias mensuales posteriores.

Hasta el momento, la Justicia solamente logró identificar el giro de 200 mil dólares realizado en enero de 2020. La fiscalía, sin embargo, no descarta que hayan existido otros pagos efectuados mediante mecanismos diferentes.

Espert reconoció públicamente haber recibido el dinero, pero afirmó que correspondía a un trabajo profesional relacionado con Minas del Pueblo. La documentación presentada para respaldar esa explicación no consiguió despejar las sospechas de los investigadores.

La relación entre el dirigente y Machado adquirió relevancia pública después de la detención del empresario en la Argentina, ocurrida en abril de 2021 por pedido de la Justicia estadounidense. Machado permaneció bajo prisión domiciliaria en Viedma hasta su extradición a Estados Unidos en noviembre de 2025.

Pocos días después de su arresto se conoció una fotografía en la que Espert aparecía junto con Nazareno Etchepare, quien había sido jefe de su campaña presidencial en 2019. En el fondo de la imagen se observaba una de las aeronaves vinculadas con Machado.

Durante varios años, Espert sostuvo que había visto al empresario una sola vez y que el contacto se produjo cuando utilizó un avión privado para viajar a Viedma y presentar su libro “La Sociedad Cómplice”.

Esa explicación fue posteriormente cuestionada por una investigación sobre los gastos de la campaña presidencial de 2019. Una lista de la Policía de Seguridad Aeroportuaria habría ubicado a Espert en 36 vuelos realizados en dos aeronaves relacionadas con Machado.

En cinco de esos viajes, según la documentación mencionada en la causa, Espert y Machado habrían coincidido como pasajeros.

El expediente que tramita en los tribunales federales de San Isidro comenzó a partir de una denuncia presentada por el diputado nacional Juan Grabois. La presentación planteó la posible existencia de maniobras destinadas a lavar fondos procedentes de la organización investigada en Estados Unidos.

La causa también avanzó sobre los movimientos patrimoniales de Espert y sobre las gestiones realizadas para justificar el ingreso del dinero ante los organismos fiscales argentinos.

Según la reconstrucción del fiscal Domínguez, después de la detención de Machado, el dirigente comenzó a comunicarse con distintos contadores para analizar cómo debía declarar los 200 mil dólares y la cuenta bancaria estadounidense en la que había recibido la transferencia.

En una conversación registrada durante abril de 2021, Espert hizo referencia al ingreso del dinero y al contrato con Minas del Pueblo. En ese intercambio reconoció que el documento estaba vinculado con una empresa relacionada con Machado y manifestó dudas sobre la situación real de la compañía.

Uno de los principales problemas analizados por el exdiputado y sus asesores era que la transferencia no había sido declarada. Tampoco figuraba ante los organismos fiscales la cuenta de Morgan Stanley utilizada para recibir los fondos.

Espert tenía declarada otra cuenta en la entidad UBS Financial Services, desde la cual realizaba diferentes operaciones. La cuenta relacionada con el dinero proveniente de la empresa vinculada con Machado no aparecía en sus presentaciones patrimoniales.

Los investigadores encontraron documentos y conversaciones relacionadas con la preparación de la declaración jurada correspondiente al año 2020. Entre las alternativas evaluadas aparecían declarar el dinero y pagar los impuestos correspondientes, presentarlo como un aporte o una donación o directamente omitirlo.

La fiscalía sostiene que finalmente se habría decidido no informar la operación y que posteriormente se creó Varianza Sociedad Anónima para justificar ingresos y ocultar el posible origen del dinero.

La citación dispuesta por el juez Mirabelli también alcanza a esa compañía, cuyo representante es el propio Espert. Además, fue convocado a declarar el contador Mariano Cosentino, quien deberá presentarse el 1 de julio.

Las conversaciones incorporadas al expediente mostrarían que Cosentino trabajaba en la reorganización de la situación patrimonial del exdiputado y en la preparación de sus declaraciones juradas.

La causa registró reuniones entre Espert y sus asesores contables durante mayo y agosto de 2021, después de que comenzaran a analizarse las posibles consecuencias fiscales de los fondos recibidos.

La fiscalía también investigó qué destino habría tenido parte del dinero. Según el dictamen, Espert transfirió una porción de los fondos desde Estados Unidos hacia una cuenta del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en la Argentina.

Alrededor de 45 mil dólares habrían sido utilizados para comprar un automóvil de la marca BMW. En 2024, cuando ya ejercía como diputado nacional, Espert habría entregado ese vehículo como parte de pago para adquirir un Lexus RX valuado en aproximadamente 130 mil dólares.

Para completar esa operación habría depositado por ventanilla bancaria una suma cercana a los 88 millones de pesos. El movimiento fue incorporado a la investigación para determinar el origen de esos fondos.

Los investigadores también pusieron la atención sobre un retiro de 80 mil dólares realizado por Espert cuando la investigación judicial comenzaba a avanzar.

Otra de las operaciones bajo análisis es la incorporación de su esposa, María Mercedes González, al fideicomiso Costa Dunas, un emprendimiento inmobiliario cercano a Costa Esmeralda, en el norte de Pinamar.

Según la acusación fiscal, González aportó 55.501 dólares y más de 50 millones de pesos entre febrero y septiembre de 2025 para acceder a una propiedad de veraneo dentro de un barrio privado.

La fiscalía también investiga un supuesto mecanismo mediante el cual Espert habría entregado dólares en efectivo a operadores informales de cambio. Esas personas posteriormente habrían transferido pesos a sus cuentas bancarias.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, los dólares ingresaban al circuito informal y regresaban como pesos bancarizados, utilizados posteriormente para afrontar consumos con tarjetas de crédito que habrían alcanzado los 15 millones de pesos mensuales.

Mediante esas operaciones se habrían incorporado alrededor de 225 millones de pesos al sistema financiero. Las maniobras habrían ocurrido durante el período en el que Espert se desempeñaba como diputado nacional y presidía la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El pedido de declaración indagatoria había sido presentado por el fiscal Domínguez cerca de un mes antes de la decisión del juez. En un primer momento, Mirabelli sostuvo que resolvería después de recibir el contenido completo de los teléfonos celulares secuestrados y una selección de correos electrónicos vinculados con la investigación.

El fiscal respondió que el material solicitado ya estaba incorporado al expediente y advirtió que no podía realizarse el filtrado de los correos electrónicos en las condiciones exigidas. Finalmente, el magistrado fijó la audiencia para el 30 de junio.

El presidente Javier Milei respaldó públicamente a Espert después del acuerdo alcanzado entre Machado y la fiscalía estadounidense. El mandatario sostuvo que el exdiputado era víctima de una operación mediática y manifestó su apoyo político.

La comparecencia obligará ahora a Espert a responder sobre el origen de los 200 mil dólares, el contrato con Minas del Pueblo, la cuenta bancaria no declarada, la creación de Varianza Sociedad Anónima y las distintas operaciones patrimoniales incorporadas al expediente.

Después de escuchar al acusado y analizar las pruebas, el juez deberá determinar si existen elementos suficientes para procesarlo, si corresponde dictar la falta de mérito o si debe disponer su sobreseimiento.