A dos años de la declaración de la Emergencia Ferroviaria, impulsada por el Gobierno nacional tras el choque de dos formaciones de la línea San Martín ocurrido en mayo de 2024, crecieron los cuestionamientos sobre el estado actual del sistema ferroviario argentino. Organizaciones gremiales denunciaron una fuerte subejecución de los recursos destinados a infraestructura y seguridad, y alertaron sobre un deterioro progresivo de la red que afecta tanto a pasajeros como a servicios de carga.

Según datos difundidos por sindicatos del sector, de los 1,3 billones de pesos que habían sido anunciados para inversiones durante los primeros dos años de vigencia de la emergencia, se habrían ejecutado poco más de 570 mil millones de pesos, lo que representa alrededor del 44 por ciento del total previsto.

Los representantes de los trabajadores sostienen que esta situación provocó la paralización o demora de numerosas obras consideradas fundamentales para mejorar la seguridad operativa y modernizar la infraestructura ferroviaria. Entre las inversiones concretadas mencionan la incorporación de tres locomotoras para la línea Mitre, aunque consideran que los avances fueron insuficientes frente a las necesidades del sistema.

Las críticas también apuntan al incremento de incidentes registrados durante los últimos meses. De acuerdo con cifras difundidas por la Unión Ferroviaria, durante los primeros cuatro meses de 2026 se contabilizaron 101 descarrilamientos en distintos servicios de pasajeros y cargas, una cifra que genera preocupación dentro del sector por el impacto que podría tener sobre la seguridad de las operaciones.

El dirigente sindical Rubén “Pollo” Sobrero afirmó que la falta de inversión incrementa los riesgos para trabajadores y usuarios. Además, cuestionó la efectividad de la emergencia decretada por el Gobierno y sostuvo que las mejoras prometidas no se reflejan en el funcionamiento cotidiano de la red ferroviaria.

Los gremios aseguran que el deterioro también se observa en la calidad del servicio. Entre los principales problemas mencionan la reducción de frecuencias, el aumento de los tiempos de viaje, la falta de material rodante disponible y el desgaste de la infraestructura en distintos corredores ferroviarios.

Desde La Fraternidad señalaron que varias líneas de pasajeros registraron una disminución de servicios durante los últimos años. Uno de los casos más mencionados es el de la línea Belgrano Norte, donde los usuarios enfrentan mayores intervalos de espera y una menor cantidad de trenes en circulación.

La situación impacta directamente en millones de pasajeros que utilizan diariamente el ferrocarril para trasladarse entre el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. Los sindicatos sostienen que la combinación de menos frecuencias y mayores tiempos de espera genera una creciente saturación en las formaciones durante los horarios de mayor demanda.

A este escenario se suman los aumentos tarifarios derivados de la reducción de subsidios estatales. Desde junio, el boleto mínimo pasó a costar 350 pesos para quienes poseen la tarjeta SUBE registrada, mientras que los valores continúan incrementándose según la distancia recorrida.

Las organizaciones gremiales también expresaron preocupación por el estado de las vías. Según denunciaron, en numerosos tramos se multiplicaron las denominadas “normas de precaución”, que obligan a reducir considerablemente la velocidad de circulación para minimizar riesgos operativos.

De acuerdo con los trabajadores ferroviarios, existen sectores donde los trenes deben desplazarse a velocidades muy inferiores a las habituales debido al deterioro de la infraestructura. Esta situación genera demoras y extiende los tiempos de viaje para los pasajeros.

Los datos sobre descarrilamientos también reflejan una tendencia ascendente. Mientras durante 2024 se registraron 136 incidentes de este tipo, la cifra aumentó a 185 durante 2025. Si la evolución actual se mantiene, los gremios estiman que 2026 podría cerrar con números aún más elevados.

La Emergencia Ferroviaria había sido establecida mediante el Decreto 525/2024 con el objetivo de acelerar inversiones destinadas a la renovación de vías, sistemas de señalamiento, infraestructura eléctrica y material rodante. Sin embargo, al acercarse el vencimiento original del programa, el Gobierno decidió extender su vigencia hasta 2028 para completar las obras pendientes.

Desde los sindicatos cuestionan esa decisión y afirman que la prórroga no estuvo acompañada por nuevos recursos que permitan revertir la situación actual. En contraste, desde la Secretaría de Transporte sostienen que distintas obras continúan avanzando y destacan trabajos vinculados a infraestructura, señalamiento y renovación ferroviaria.

El debate se desarrolla además en medio del proceso de reorganización y apertura al sector privado de distintas áreas ferroviarias. Mientras el Gobierno defiende su estrategia para mejorar la eficiencia del sistema, los gremios advierten que la falta de inversión podría profundizar los problemas existentes.

A dos años de la emergencia que prometía modernizar la red ferroviaria y mejorar la seguridad operativa, las denuncias por subejecución de fondos, el aumento de los descarrilamientos y las dificultades del servicio vuelven a instalar el estado de los trenes en el centro de la discusión pública.