Un fallo judicial representó un fuerte golpe para el gobierno de Javier Milei, luego de que el juez laboral Raúl Horacio Ojeda resolviera suspender la aplicación de 82 artículos de la reforma laboral impulsada por el oficialismo.

La decisión se tomó a partir de una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo, que cuestionó la constitucionalidad de varios puntos de la norma sancionada a comienzos de marzo. Entre los artículos suspendidos se encuentran aquellos vinculados a derechos fundamentales como la sindicalización, la negociación colectiva y el derecho a huelga.

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En su resolución, el magistrado consideró que estaban dadas las condiciones para avanzar con una acción declarativa de inconstitucionalidad y rechazó los planteos del Poder Ejecutivo, que había intentado desestimar la presentación cuestionando la representatividad de la central obrera.

Ojeda sostuvo que la medida cautelar es necesaria para evitar que la aplicación de la norma genere “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, y remarcó el rol del Poder Judicial en el control de constitucionalidad de las leyes.

Asimismo, señaló que la intervención judicial no vulnera la división de poderes, sino que la garantiza. En ese sentido, afirmó que el proceso permitirá aportar seguridad jurídica frente a posibles consecuencias “muy gravosas e irreversibles”.

La presentación de la CGT incluyó objeciones a modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, en las normas sobre convenciones colectivas, asociaciones sindicales y regulaciones vinculadas al trabajo rural, entre otros puntos. También se apoyó en convenios internacionales que establecen el principio de no regresividad en materia laboral.

El fallo contó además con el aval del fiscal Javier Fernández Madrid. Por su parte, la defensa del Gobierno había solicitado el rechazo de la cautelar al sostener la “inexistencia del caso” y reiterar sus cuestionamientos sobre la legitimidad de la central sindical.

El juez desestimó esos argumentos y afirmó que la CGT cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores, tanto en derechos colectivos como en intereses individuales homogéneos.

En su resolución, también cuestionó inconsistencias en la defensa oficial y señaló que el Poder Ejecutivo omitió responder sobre varias de las normas impugnadas, lo que podría interpretarse como una falta de argumentación adecuada.

Finalmente, Ojeda subrayó la importancia de preservar el equilibrio institucional y remarcó el rol del Poder Judicial frente a los cambios políticos, al sostener que su función es garantizar el respeto por la Constitución más allá de los contextos electorales.