Los representantes del PRO, la UCR y el PJ expresaron su desacuerdo debido a las alteraciones propuestas por el Ejecutivo en las áreas de pesca, minería, azúcar y vino, a las que catalogaron como decisiones contraproducentes que podrían perjudicar la economía
Los gobernadores del PRO, la UCR y el PJ lograron persuadir al Gobierno de Javier Milei para que revirtiera una de las disposiciones de la ley omnibus. Esto ocurrió al señalar su preocupación por las modificaciones propuestas en sectores como la pesca, minería, azúcar y vitivinicultura.
Tras señalar los cambios propuestos en el Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922) como perjudiciales, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se reunió en Casa Rosada con el ministro del Interior, Guillermo Francos. En esta reunión, se confirmó que habrá "aclaraciones" sobre ciertos artículos, marcando así la primera reversión del Gobierno antes del tratamiento de la ley en el Congreso.
"Estamos de acuerdo que hay que sentarse en una mesa para analizar todos los aspectos de la ley y proponer las reformas que sigan para tener un proceso de pesca más claro", dijo Francos tras el encuentro con Torres y con el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien también había rechazado los cambios.
A pesar de esta primera concesión por parte del Ejecutivo, fuentes gubernamentales indicaron a Télam que seguirán impulsando la propuesta de permitir a extranjeros pescar en la Zona Económica Exclusiva Argentina, que se extiende desde la costa hasta las 200 millas mar adentro.
Según indicaron desde el Ejecutivo, "si ellos pagan un canon, tienen la libertad de pescar lo que deseen".
El proyecto de ley también busca cambiar la obligación de descargar en puertos argentinos, modificar la competencia en los límites de captura y eliminar la exigencia de contratar personal de nacionalidad argentina, entre otros aspectos.
"No entendemos algunos puntos, porque incluso es pegarse un tiro en el pie. Para una Argentina que necesita divisas y exportar, en el caso de la pesca, no debería ser lo mismo quien exporta langostino entero congelado que quien le agrega valor", había dicho la semana pasada Torres en declaraciones a radio Rivadavia.
El planteo de Torres fue acompañado también con un comunicado conjunto de todos los gobernadores patagónicos: los peronistas Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa); y los provinciales Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
El gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, añadió sus críticas al resaltar que la eliminación de la Ley 25.715, la cual fija aranceles específicos para la importación de azúcar, representa un golpe significativo para la actividad azucarera.
Tras expresar su preocupación, la cual fue compartida por el Centro Azucarero Argentino (CAA), el gobernador Jaldo mantuvo un encuentro en la Casa de Gobierno con el ministro Francos. Durante esta reunión, Jaldo presentó "la problemática" que afecta a su provincia.
Según fuentes cercanas al partido, Jaldo destacó que el ministro mostró receptividad y se comprometió a abordar la cuestión con los ministros responsables dentro del Gobierno nacional y con otras autoridades pertinentes.
Por otra parte, el gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, criticó un aspecto específico de la ley omnibus al considerar como "desfavorable" la imposición del 8% de retenciones a las exportaciones del sector vitivinícola. Esta postura generó una reunión la semana pasada entre funcionarios de Mendoza y San Juan, representantes de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el secretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella.
Otro de los cuestionamientos al Ejecutivo fue realizado por los gobiernos peronistas de Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja), quienes apuntaron contra la privatización de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) y contra la derogación de dos leyes sobre actividad minera, respectivamente.
La eliminación del Sistema Nacional de Comercio Minero (Ley 24.523) y del Banco Nacional de Información Minera (Ley 24.695), ambas derogaciones incluidas en el DNU de desregulación económica, implica el fin de la obligación para las empresas concesionarias de pagar una tasa anual y de reportar información sobre productos ofertados o solicitados en el mercado, entre otros aspectos.
Por su parte, Jalil cuestionó la posible venta de YMAD -una de las 41 empresas "sujetas a privatización" en la ley ómnibus- al afirmar que se "desconoce la especial naturaleza de este 'ente interestadual'" del que forman parte Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
En una nota presentada a Milei, tanto Jalil como el rector de la UNT, Sergio Pagani, reafirmaron su condición de "propietarios" de YMAD, una empresa que tiene como objetivo la exploración y explotación de los minerales existentes en la zona de Agua de Dionisio, una extensión de 344 kilómetros cuadrados ubicada en el corazón de Catamarca.
