El Comité Central Confederal anunció la acción a partir del mediodía de ese día. Antes, el 10 de enero, la agrupación sindical llevará a cabo una reunión nacional con sus delegaciones regionales.
El Comité Central Confederal (CCC) de la CGT anunció hoy un paro nacional a partir del mediodía del 24 de enero, con una marcha al Congreso en protesta al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sobre la desregulación económica emitido por el Gobierno de Javier Milei.
Además, se aprobó la convocatoria de un encuentro de delegaciones regionales el 10 de enero en el Salón Felipe Vallese de Azopardo al 800. Se llevará a cabo una presentación legal en contra del DNU y se buscará reunirse con todos los bloques parlamentarios para discutir su oposición a esta medida y a la Ley Ómnibus presentada en el Congreso por la administración Milei.
También se acordó establecer reuniones con otras organizaciones sindicales, como la CTA y la CTA Autónoma, para coordinar acciones conjuntas. El consejo directivo nacional quedó facultado para tomar las medidas pertinentes según la situación política, económica y social que enfrenten los trabajadores y la sociedad.
El principal cuerpo ejecutivo de la coalición laboral se reunió para deliberar sobre la implementación de una estrategia de protesta y, ante la insistencia de la mayoría de las afiliadas, convocó a un paro nacional para el 24 de enero.
Hasta el miércoles, los voceros sindicales habían indicado a Télam que la ejecución de dicho plan sería "gradual", comenzando con "presión sobre todos los bloques parlamentarios en ambas cámaras legislativas".
Además, se mencionó que la CGT evaluaría el clima social durante enero y contemplaba inicialmente una huelga nacional para febrero, pero las demandas llevaron a adelantar la fecha al 24 de enero.
En una rueda de prensa posterior al encuentro del Comité, en el Salón Felipe Vallese, Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT, expresó que la "Ley Ómnibus" es significativamente peor que el DNU. Advirtió sobre la intención del Gobierno de "transformar" el país sin considerar un enfoque de progreso y subrayó la falta de comunicación entre la central sindical y el Ejecutivo.
De acuerdo con diversas fuentes sindicales, el Gobierno tiene la responsabilidad de reflexionar sobre sus acciones y establecer canales de diálogo para evitar intensificar un conflicto con la sociedad en su conjunto y, especialmente, con los trabajadores, quienes son los más afectados por estas decisiones.
