El Senado de la Nación aprobó este jueves, con una contundente mayoría de 61 votos afirmativos y solo 8 negativos, el proyecto que propone un aumento del 8,1% en las jubilaciones y modifica el índice de actualización mensual, que ahora se ajustará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La iniciativa, que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados, enfrenta la amenaza de un veto presidencial por parte de Javier Milei, quien criticó duramente la medida.
Además del aumento inmediato del 8,1%, el proyecto introduce un cambio en la fórmula de actualización de las jubilaciones, vinculándola al IPC, y establece que cada mes de marzo se aplicará un incremento adicional basado en la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), lo que podría permitir una lenta recomposición de las jubilaciones a largo plazo. Este aspecto del proyecto busca revertir las restricciones impuestas por un decreto del actual gobierno, que había bloqueado aumentos significativos en las jubilaciones.
El proyecto también incluye la garantía por parte de la ANSES de un suplemento alimentario para asegurar que las jubilaciones no sean inferiores al valor de la canasta básica total, ajustada por un factor del 9%. Además, se instruye a la ANSES a cancelar las deudas con provincias que no han transferido sus sistemas previsionales al Estado nacional y con beneficiarios que tienen sentencias firmes a favor, dentro de los seis meses posteriores a la promulgación de la ley.
Según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la implementación de esta ley representaría un costo del 0,43% del presupuesto, una cifra relativamente baja en comparación con la reciente reducción del impuesto a los Bienes Personales, promovida por el gobierno en beneficio de los sectores más acomodados.
El presidente Javier Milei ya había anticipado su intención de vetar la ley, calificando a los diputados que la aprobaron como "degenerados fiscales". Sin embargo, la oposición logró blindar los artículos más controvertidos del proyecto con más de dos tercios de los votos en el Senado, lo que podría dificultar el uso del veto presidencial.
El debate en el Senado estuvo marcado por tensiones internas y críticas cruzadas. La senadora Carmen Álvarez Rivero, del PRO y presidenta de la Comisión de Previsión Social, se negó a ser la miembro informante del proyecto, lo que retrasó el inicio de la sesión. Finalmente, fue el senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria (UxP), quien presentó el proyecto.
Durante el debate, el senador radical Martín Lousteau defendió el proyecto, destacando que el costo de su implementación es menor que la baja en el impuesto a los Bienes Personales, una medida que, según Lousteau, favorece a los sectores más ricos. En contraposición, el senador libertario Bartolomé Abdala criticó a la oposición, acusándola de politizar un problema que, según él, no se originó con el actual gobierno.
Por su parte, la senadora peronista Juliana Di Tullio lanzó duras críticas contra el presidente Milei, calificándolo como un "degenerado social" por su intención de vetar un proyecto que busca mejorar las condiciones de vida de los jubilados.
El proyecto, que promete un alivio para los jubilados, enfrenta ahora un futuro incierto, ya que Milei ha dejado en claro que está dispuesto a utilizar su poder de veto para bloquearlo, lo que podría desencadenar una nueva batalla política en el Congreso.
