El decreto establece fondos con carácter reservado para el "fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional", generando críticas por la falta de transparencia.
El presidente Javier Milei decretó este martes la asignación de $100 mil millones a la recientemente reinstaurada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con "carácter reservado". Esta medida se publicó en el Boletín Oficial a través del decreto 656/2024 y establece que los fondos se destinarán al "fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional", sin necesidad de rendir cuentas públicamente.
El decreto indica en su primer artículo: "asignase adicionalmente al presupuesto general de la administración nacional la suma de PESOS CIEN MIL MILLONES ($ 100.000.000.000) destinados a la SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional". El segundo artículo establece que estos fondos tendrán carácter reservado "en los términos del artículo 38 bis de la Ley N° 25.520 y sus modificatorias".
El Gobierno argumentó que esta asignación permitirá "solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran". Estos organismos incluyen el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI).
En sus considerandos, el decreto menciona la necesidad de mantener la naturaleza reservada de estos fondos para no afectar las operaciones de inteligencia. El Ejecutivo también destacó la transformación del Sistema de Inteligencia con el objetivo de coordinar los diferentes organismos de inteligencia para proteger la soberanía nacional, preservar el orden constitucional y formular apreciaciones de inteligencia útiles para los objetivos nacionales.
La decisión contrasta con la medida adoptada durante la gestión de Alberto Fernández, cuando en 2020, en plena pandemia de COVID-19, los fondos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se reasignaron a los Ministerios de Salud y de Ciencia y Tecnología. La medida actual ha generado repercusiones en redes sociales y críticas de figuras como la exfuncionaria Vilma Ibarra, quien expresó: "La libertad retrocede y avanza el poder y la oscuridad de los servicios de inteligencia".
El decreto 656/2024 sigue a la reciente disolución de la AFI y la reinstauración de la SIDE, dirigida por Sergio Neiffert, con modificaciones que permiten realizar contrainteligencia por "opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales", y que las designaciones de sus autoridades no requieran aprobación del Congreso, entre otras.
Estas modificaciones incluyen otorgar a la ASN la función de hacer contrainteligencia sobre "toda amenaza contra el orden constitucional y los poderes públicos", lo que contrasta con la Ley de Inteligencia N° 25.520, que prohíbe obtener información sobre personas por su raza, fe religiosa, opiniones políticas o pertenencia a organizaciones. También se eliminó la necesidad de que las designaciones del Ejecutivo sean aprobadas por el Congreso y la prohibición de alegar "obediencia debida" como eximente de responsabilidad.
La SIDE también tendrá amplias facultades de administración y control de las partidas presupuestarias, eliminación de las declaraciones juradas para sus integrantes y la creación de una nueva Fiscalía Especializada en Inteligencia para "cooperar" con el organismo.
Esta serie de cambios ha suscitado preocupación y críticas por la falta de transparencia y la ampliación de poderes de la inteligencia estatal, generando un debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertades civiles en Argentina.
