La reciente revelación de cómo el Gobierno ha distribuido los alimentos a punto de vencer ha generado controversia. Los datos oficiales presentados por el Ministerio de Capital Humano ante el juez Sebastián Casanello han levantado preocupaciones sobre la imparcialidad y equidad en la entrega de estos recursos.
El informe muestra que las provincias gobernadas por aliados del partido La Libertad Avanza (LLA) han recibido la mayor parte de los alimentos, en particular la leche en polvo. Este reparto ha sido criticado por parecer favorecer políticamente a ciertos territorios en lugar de basarse en la necesidad y emergencia alimentaria de las regiones.
Por otro lado, la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país y una de las más afectadas por la crisis económica, recibió solo el 1% del total de leche en polvo, unos 5 mil kilos. Otras provincias no recibieron ningún cargamento, lo que incluye a:
Ciudad de Buenos Aires
La Rioja
Catamarca
Jujuy
Santa Cruz
Neuquén
San Luis
Misiones
Formosa
El reparto ha sido fuertemente criticado por diferentes sectores, incluyendo organizaciones sociales y algunos funcionarios provinciales, quienes argumentan que la distribución debería responder a las necesidades emergentes de las regiones más vulnerables, independientemente de su alineación política. La concentración del 48% de los alimentos en Mendoza, en particular, ha sido un punto de controversia, dado que muchas organizaciones de base y comedores populares en otras provincias están en situaciones de extrema necesidad.
La discrecionalidad en la distribución de los alimentos ha generado un debate sobre la justicia y equidad en las políticas de ayuda del Gobierno. La situación pone de manifiesto la necesidad de un sistema más transparente y basado en criterios objetivos para la asignación de recursos, que priorice las áreas con mayores necesidades independientemente de las afinidades políticas de sus gobernantes.
