Un paro de 48 horas afecta a las 61 universidades nacionales del país desde este martes, en el marco del conflicto salarial que mantiene el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN) con el Gobierno. Los trabajadores denuncian una caída del poder adquisitivo del 40% en lo que va del año y exigen una recomposición urgente de sus salarios.
Las universidades públicas vienen advirtiendo desde principios de año sobre la crítica situación presupuestaria que atraviesan. Tras la falta de respuesta inicial por parte del Gobierno nacional, se llevó a cabo la masiva Marcha Federal Universitaria del pasado 23 de abril, donde la recomposición salarial se convirtió en uno de los principales reclamos.
Si bien el Gobierno llegó a un acuerdo con las universidades para actualizar los gastos de funcionamiento por inflación (que representan el 10% del presupuesto universitario), las negociaciones en torno a la actualización salarial de docentes y no docentes (el 90% restante del presupuesto) no prosperaron.
El ofrecimiento del Gobierno de un 9% de aumento para mayo, que se suma a otros porcentajes otorgados en meses anteriores, fue rechazado por el Frente Sindical. Los trabajadores sostienen que este incremento no alcanza a cubrir la inflación acumulada desde diciembre, que supera el 100%, y que ha provocado una pérdida del 42% en su poder adquisitivo.
El paro de 48 horas, que se desarrolla en todo el país, afecta a las 220.660 personas que trabajan en las universidades nacionales, de las cuales 147.821 son docentes y 56.424 no docentes. La medida de fuerza impacta directamente en las actividades académicas y administrativas de las instituciones.
Desde el FSUN advierten que "el conflicto universitario sigue abierto" y que podrían realizar nuevas medidas de fuerza si no se llega a un acuerdo. Los rectores universitarios también han expresado su apoyo al reclamo por los sueldos docentes y han pedido al Gobierno que escuche las demandas del sector.
En este contexto, resulta fundamental que las partes involucradas en el conflicto se reúnan y busquen soluciones conjuntas que permitan garantizar el normal funcionamiento de las universidades nacionales y el bienestar de sus trabajadores. La educación pública es un derecho fundamental que debe ser protegido en todas sus dimensiones.
