Cientos de personas con discapacidad, familiares, educadores y acompañantes terapéuticos se manifestaron frente a la residencia presidencial en rechazo a una inminente medida del Gobierno.
Cientos de personas se congregaron frente a la Quinta de Olivos para protestar contra una inminente medida del Gobierno que permitiría a las empresas que financian las prestaciones de discapacidad fijar aranceles "que les parezca o convenga" de manera unilateral. La manifestación incluyó a personas con discapacidad, sus familiares, educadores y acompañantes terapéuticos, quienes expresaron su preocupación por el impacto negativo que esta medida tendría en sus vidas.
La protesta, que también se replicó en distintas ciudades del país como Rosario, Tucumán, Río Cuarto, Alta Gracia, Villa María, Mendoza, San Juan y Salta, se centró en la denuncia de la desregulación de las prestaciones y los tratamientos destinados a personas con discapacidad, que hasta ahora son sostenidos por el Estado y las obras sociales.
Mensajes de la Protesta
Frente a la Quinta Presidencial, se desplegaron carteles con mensajes como “Respetemos a todos/ No a la desregulación”, “No somos un gasto innecesario, tenemos los mismos derechos que cualquier persona”, y “No a la desregulación de las prestaciones básicas de discapacidad”. Estos mensajes reflejaban el sentir de los manifestantes ante la posibilidad de un ajuste que consideran injusto y perjudicial.
Críticas al Gobierno
Durante la campaña electoral, el presidente Javier Milei había negado que tomaría medidas perjudiciales para el sector de discapacidad, pero la situación actual sugiere lo contrario, generando descontento y desconfianza entre los afectados. Las organizaciones movilizadas alertan que la nueva medida permitiría a los organismos públicos y empresas fijar aranceles unilateralmente, ignorando la realidad económica de cada familia.
Impacto Potencial de la Medida
La implementación de esta medida podría resultar en costos de tratamiento inasequibles para muchas familias, excluyendo a personas con discapacidad de los servicios que necesitan. “Además de la desigualdad que esto implica, también se producirá una pérdida esencial en la calidad de vida de más de 200 mil personas con discapacidad”, advirtió el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad.
El Foro también demandó que el Gobierno no renuncie a su responsabilidad de establecer un nomenclador único de costos, asegurando que todas las prestaciones tengan valores equilibrados y asequibles tanto para las familias como para el Estado y las obras sociales.
Testimonios de los Manifestantes
Florencia, una trabajadora dedicada a la inclusión escolar, rechazó la intención del Gobierno de “desregular el sistema de prestaciones”, advirtiendo que esto permitiría a las financiadoras ajustar los honorarios sin considerar las necesidades de las familias. Mariana Paola, madre de un chico con discapacidad, calificó la situación como “muy angustiante” y destacó el progreso de su hijo gracias a los servicios que ahora están en riesgo.
Borrador del Decreto
La protesta también fue motivada por la aparición de un supuesto borrador del decreto con el cual el Poder Ejecutivo pretende cambiar la normativa vigente. Las organizaciones denunciaron además atrasos significativos en las prestaciones de transporte y otros servicios, lo que ha llevado al desfinanciamiento y endeudamiento de los prestadores.
Conclusión
El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad exigió a los funcionarios que revisen esta medida, que podría entorpecer la universalización de la atención de las personas con discapacidad, un derecho conseguido hace más de 25 años. La comunidad afectada continuará movilizándose para defender sus derechos y asegurar una atención digna y accesible para todos.