El gobierno argentino ha anunciado la "emergencia ferroviaria", una medida que, si bien busca mitigar la crisis en el sector, se ha visto envuelta en polémica debido a un ajuste presupuestario sin precedentes.
El recorte en las partidas presupuestarias para las empresas ferroviarias en los primeros cuatro meses del año llega al 60 por ciento. El vaciamiento venía funcionando como paso previo a la privatización que enarbola Milei y que está incluida en la ley ómnibus, pero el choque de Palermo obligó a un replanteo. Varios de los funcionarios del área ya habían advertido sobre un posible desastre. El decreto que declara la "emergencia", por ahora, es sólo un borrador.
La declaración de la "emergencia ferroviaria" por parte del Gobierno, anunciada recientemente, busca enfrentar la crisis del sector, pero ha generado controversias debido a los significativos recortes presupuestarios implementados. En los primeros cuatro meses de la gestión de Javier Milei, las partidas para las empresas ferroviarias se redujeron en un 60%, en términos reales, lo cual ha sido percibido como un paso hacia la privatización del sistema.
El accidente de tren en la línea San Martín, que pudo haber resultado en tragedia, sacó a la luz la grave situación del sistema ferroviario, obligando al Gobierno a dar explicaciones. Manuel Adorni, vocero presidencial, atribuyó inicialmente el incidente a la herencia de la gestión anterior. Sin embargo, el anuncio de la emergencia ferroviaria evidenció que el desfinanciamiento ha alcanzado un punto crítico, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros.
Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la desinversión en las empresas ferroviarias alcanzó un 60% en términos reales en los primeros cuatro meses del gobierno de Milei. Además, el plan de despidos de más de tres mil trabajadores en Trenes Argentinos (Sofse) es parte de un proceso de desguace que facilita la privatización o concesión de las líneas ferroviarias que aún están bajo control estatal. Estas posibilidades están contempladas en la ley ómnibus, que ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados.
Algunas empresas ya han mostrado interés en el sector ferroviario. La empresa de colectivos Dota, que tiene buenos vínculos con el gobierno y se opuso a la huelga general del 9 de mayo, ha puesto la mira en las líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. El ministro del Interior, Guillermo Francos, aprovechó el accidente para promover la privatización, argumentando la necesidad de capital y control privado debido a la mala situación del ferrocarril. Javier Milei, durante su campaña, también había defendido la privatización de los trenes, afirmando que el sector privado puede gestionarlos mejor.
Aunque la emergencia ferroviaria puede revertir parcialmente el ajuste en marcha, permitiendo fondos más directos y prioritarios, aún está en discusión la implementación final del decreto. La letra chica del decreto está siendo debatida entre diferentes áreas del gabinete y no se espera su publicación inmediata en el Boletín Oficial.
Reacciones y consecuencias
El ajuste y los despidos han generado resistencia de los gremios y críticas de figuras como Rubén "Pollo" Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria en el ramal Sarmiento, quien acusa al gobierno de poner en riesgo la vida de los pasajeros para facilitar la privatización. Sobrero expresó: "Quisieron hacer pasar el accidente solo como una falla humana, cuando está claro que hubo un ajuste de fondos que hace imposible que los trenes funcionen como corresponde. Todos sabemos que veníamos mal de antes, pero este Gobierno empeoró todo. A veces me pregunto si no son capaces de poner en riesgo la vida de la gente con tal de entregar los trenes".
El ajuste más significativo lo sufrió la Administración de Infraestructuras Ferroviarias SA, con un recorte del 92%, seguida por Belgrano Cargas (52%) y Operador Ferroviario SE (56%). La "motosierra", como se refieren al ajuste, responde a lo que el ministro de Economía señaló sobre las pérdidas diarias del sistema ferroviario.
En medio de esta crisis, la reducción de personal ha sido una prioridad, aunque enfrenta resistencia gremial. Un memo interno de Sofse, filtrado el mes pasado, detalló el presupuesto necesario para el despido de 3.000 trabajadores, estimado en unos 56.400 millones de pesos, lo que ahorraría a la empresa 13 mil millones al año.
El choque del tren también expuso la disputa por recursos dentro del gobierno. Varios funcionarios ya habían alertado sobre los riesgos del recorte, pero las advertencias fueron ignoradas. Luis Luque, presidente de Trenes Argentinos, y Franco Mogetta, secretario de Transporte, solicitaron fondos urgentes antes del accidente, destacando el deterioro de la red ferroviaria.
En conclusión, la emergencia ferroviaria y los ajustes presupuestarios han desatado un intenso debate sobre el futuro del sistema ferroviario en Argentina, con el gobierno defendiendo la privatización como una solución y los críticos advirtiendo sobre los peligros y consecuencias de priorizar el ajuste económico sobre la seguridad y funcionalidad del servicio ferroviario.
