Durante el mes de enero, las transferencias discrecionales experimentaron una disminución del 98%. Además, se ha anunciado recientemente que se reducirá el subsidio otorgado a las empresas encargadas de prestar servicios de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional.
Durante enero, el Gobierno redujo drásticamente un 98% las transferencias discrecionales a las provincias. Además, este jueves se anunció una disminución en el subsidio otorgado a las empresas prestadoras del servicio de transporte de pasajeros de jurisdicción nacional, con el fin de concentrar la ayuda directamente en los usuarios más necesitados. Estas medidas han generado un fuerte rechazo por parte de gobernadores e intendentes, especialmente en medio de los desencuentros provocados por la frustrada ley "Bases".
El vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que estas decisiones responden a la voluntad del presidente, Javier Milei, de dotar de transparencia a un sistema que anteriormente beneficiaba a intereses políticos particulares. Adorni afirmó que el Gobierno mantendrá el envío de recursos a los distritos mediante transferencias automáticas, pero que se terminarán los fondos discrecionales destinados a actividades políticas y a organizaciones sociales.
Las transferencias discrecionales representan el 5,5% de los ingresos totales de las provincias, según datos del Ministerio de Economía y de los gobiernos provinciales. Esta medida impactará en las finanzas de los distritos, que dependen en parte de estos fondos para su funcionamiento.
Por otro lado, la reducción del subsidio a las empresas de transporte también afectará las finanzas provinciales, ya que muchas de estas empresas operan en diferentes provincias del país. Esta medida se enmarca en el compromiso del Gobierno nacional y los gobernadores de eliminar progresivamente los subsidios diferenciales, en aras de lograr una mayor equidad en todo el territorio nacional.
En resumen, estas decisiones gubernamentales han generado controversia y rechazo por parte de los gobernadores e intendentes, quienes critican la reducción de recursos en un momento de dificultades económicas. Sin embargo, el Gobierno defiende estas medidas como parte de su política de transparencia y equidad en la distribución de recursos.
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, expresó que la eliminación de los subsidios al transporte en las provincias contradice el acuerdo fiscal y mantiene fuertes desigualdades entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto del país.
Por su parte, el gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, lamentó la quita de aproximadamente 1.500 millones de pesos mensuales de subsidios al transporte, que representaba una parte importante del apoyo financiero que recibía la provincia. Además, destacó que estas medidas pueden afectar la generación de empleo y el crecimiento económico en Santa Fe.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, manifestó su rechazo a las medidas del Gobierno nacional y dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia para defender los intereses de la provincia.
En cuanto al gobierno bonaerense liderado por Axel Kicillof, se informó que, a pesar de la falta de transferencia de fondos nacionales, se garantizó el pago de los salarios de los docentes con recursos provinciales en enero. Sin embargo, advirtieron que no podrán sostener estos pagos en el futuro.
Por otro lado, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, aseguró que la provincia mantendrá el subsidio al transporte público durante todo el año 2024 para garantizar el servicio a los ciudadanos.
En respuesta a estas medidas, un grupo de intendentes de diferentes ciudades del país expresaron su preocupación y advirtieron que la quita de subsidios al transporte afectará a millones de personas que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios. Consideraron que estas medidas generan desigualdades entre el AMBA y el interior del país, y anunciaron que evaluarán medidas políticas y judiciales para revertir la situación.
En resumen, las medidas del Gobierno nacional han generado un amplio rechazo por parte de gobernadores, intendentes y representantes de distintas provincias y ciudades del país, quienes consideran que estas decisiones perjudican a los ciudadanos y afectan el desarrollo económico y social de las regiones afectadas.
