Javier Milei demoró hasta el límite, pero finalmente remitió el amplio DNU para desregular al Congreso. Esta acción se interpretó como un gesto de acatamiento institucional tras sus repetidas críticas a los legisladores, aunque también se percibió como un intento de evitar que el decreto, que revisa más de 300 leyes, sea ratificado con el tiempo. El plan del oficialismo es estirar al máximo el proceso parlamentario: el DNU ya está en efecto desde la semana pasada y seguirá así hasta que ambas cámaras lo rechacen o la Justicia lo invalide por inconstitucional. A partir de ahora, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene 10 días para pronunciarse y llevarlo al recinto, donde el peronismo intentará vetarlo. Sin embargo, esta comisión aún no se ha conformado.

El DNU 79/2023, girado por la Jefatura de Gabinete a través del secretario de Relaciones Institucionales, incluye los 366 artículos que fueron publicados en el Boletín Oficial hace dos semanas. Contiene cambios significativos, como la reforma laboral que la CGT logró suspender por una cautelar de la Cámara de Trabajo. Esta reforma abarca desde la extensión del período de prueba a ocho meses hasta la limitación del derecho a huelga o la reducción de las indemnizaciones por despido.

Se plantea ahora un escenario incierto. La Comisión Bicameral debe determinar la validez del decreto antes del 18 de enero, evaluando si las condiciones de "necesidad y urgencia" justifican el uso del DNU en lugar de un proyecto de ley. Sin embargo, la disputa entre partidos ha impedido la constitución de esta comisión, generando tensiones.

La lucha por los lugares en la Bicameral es intensa. En el Senado, se formó una mayoría artificial que desplazó a un partido, dejando cinco sillas para esa "mayoría" y tres para otro grupo. En Diputados, persisten discusiones sobre la distribución, generando tensiones entre partidos y disputas sobre acuerdos previos.

A pesar de las dificultades, el partido opositor (UxP) confía en rechazar el DNU en el recinto, aunque necesitará el apoyo de otros partidos, algo inédito en la historia argentina. La estrategia del oficialismo para dilatar el debate y mantener el decreto en vigencia aún no está clara, ya que hay opiniones divergentes sobre la táctica a seguir.