En el ámbito del fuero contencioso administrativo, se ha rechazado la solicitud del Gobierno para trasladar los casos que se están llevando a cabo en los juzgados laborales. Por su parte, la Cámara del Trabajo ha reafirmado su determinación de detener la reforma laboral contemplada en el decreto, esta vez en respuesta a una petición realizada por la CTA.
La estrategia del gobierno de Javier Milei para sostener el DNU 70/2023, que busca reformar la economía en favor de grandes grupos económicos, está encontrando dificultades ante fallos judiciales recientes. Después de que se suspendiera la reforma laboral incluida en el decreto, la justicia en lo contencioso administrativo asestó un golpe a la estrategia del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quien buscaba centralizar los cuestionamientos en ese fuero por su supuesta mayor afinidad con el Estado, en lugar de en los tribunales laborales.
Rodolfo Barra, exintegrante de la Corte y exministro de Justicia, fue designado mediante un DNU que modificó la edad límite para su cargo. Su enfoque era acumular todas las disputas en el fuero contencioso administrativo, pero la Cámara del Trabajo, que ya había frenado la reforma laboral, reafirmó su posición a solicitud de la CTA, liderada por Hugo Yasky.
La jueza Andrea García Vior, quien encabezó la decisión, argumentó la necesidad de una justicia especializada para los trabajadores, haciendo referencia a jurisprudencia internacional. Alertó sobre el riesgo de conflictos sociales y violencia ante la demora en resolver este asunto, especialmente con un paro convocado para enero y la postergación por parte de la Corte Suprema en el análisis del DNU.
La decisión del juez Lavié Pico de otorgar un plazo de cinco días al gobierno para responder a los cuestionamientos sobre el DNU ha sido recibida con satisfacción desde el CELS. Consideran crucial la urgencia en abordar este debate, especialmente dado que el Ejecutivo emitió un DNU que alteró más de 70 leyes del Congreso de manera permanente y estableció su entrada en vigencia durante el período de feria judicial. Diego Morales, director de litigio de la organización de derechos humanos, evaluó que esta decisión compensa parcialmente un escenario que parecía estar inclinado a favor del Estado, permitiendo así discutir la constitucionalidad del DNU de manera más equitativa.
Mientras tanto, la respuesta del fuero contencioso administrativo se estaba gestando. El fiscal Miguel Gilligan mostró dos enfoques opuestos sobre el mismo tema: rechazó la apertura de feria para tratar objeciones al DNU de dos partes y, contradictoriamente, avaló una solicitud del gobierno para discutir el tema durante el receso de enero.
Sin embargo, la situación se complicó aún más para Barra con la decisión del juez Enrique Lavié Pico, quien durante las vacaciones de enero abrió la feria solicitada por diferentes actores, pero al mismo tiempo desbarató el amparo colectivo en el fuero contencioso administrativo. Consideró que la decisión anterior no definía claramente quiénes estaban afectados por el DNU y que no se podía afirmar que todos los habitantes se vieran afectados de la misma manera.
Este revés obligará al procurador del Tesoro a disgregar sus esfuerzos para atender los planteamientos contra el DNU en diversos tribunales a lo largo del país, una dificultad que complica su estrategia inicial de concentrar los reclamos en un único fuero.
