Siete hombres han sido arrestados y alrededor de 30 mujeres, incluyendo a una menor de edad, fueron liberadas por la Policía Federal de una red de trata de personas que operaba fiestas clandestinas nocturnas en diversos locales y domicilios en la ciudad de Buenos Aires. Estos allanamientos tuvieron lugar en las últimas horas como parte de una operación coordinada por la fuerza de seguridad.
Los arrestados, señalados como responsables de estas actividades ilegales, conformaban lo que se conoce como la "Banda del Karaoke", organización responsable de la organización de estos eventos.
Estos allanamientos fueron llevados a cabo por solicitud de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, a cargo de Alejandra Mangano, y avalados por la jueza federal María Romilda Servini. Los operativos han permitido desmantelar esta organización, presuntamente encargada de la gestión de dos locales de "karaoke" bajo propiedad de un individuo coreano, además de estar involucrada en la explotación sexual de mujeres de distintas nacionalidades, como venezolanas y brasileñas, y presuntamente estar vinculada con lavado de activos.
"El ahora cabecilla detenido, resultó ser dueño de un comercio de venta de bebidas alcohólicas en el Bajo Flores y dos "karaokes", donde un sobrino se encargaba de llevar mujeres, las que prestaban servicios de "acompañantes coperas", para luego retirarse a lugares íntimos, para mantener relaciones sexuales. Allí, se comprobó la concurrencia de una menor de 17 años, subordinada a una encargada, lo que generó la toma de medidas urgentes", indicaron los investigadores del caso.
El operativo contó con la participación de funcionarios de diversos organismos gubernamentales, entre ellos el Programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, la Dirección Nacional de Migraciones, AFIP (específicamente en Protección de Trabajo y Habilitaciones y Permisos), el Consejo de la Niñez y Adolescencia, y la Agencia Gubernamental de Control de la ciudad.
Tras las entrevistas realizadas con las víctimas, se evidenciaron indicios de explotación sexual, condiciones de higiene y seguridad precarias, así como otras irregularidades que llevaron al cierre de todos los establecimientos. Además, se ordenó la detención e incomunicación de los responsables de cada local, quienes fueron trasladados al Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina y quedaron a disposición de la Justicia Federal.
