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El Gobierno Nacional Ordena Cierre de Centros de Referencia del ExMinisterio de Desarrollo Social
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El Gobierno Nacional Ordena Cierre de Centros de Referencia del ExMinisterio de Desarrollo Social

Con el cierre de los centros se deja en la calle a 600 trabajadores de Capital Humano.

El Ministerio a cargo de Sandra Pettovello, según prometió Javier Milei, iba a ser el único con "la billetera abierta para contener a los caídos", pero paradójicamente está liderando un proceso de desguace, ajuste y despidos en el Estado. El anuncio del cierre de los 59 Centros de Referencia (CDR) de la Secretaría de Niñez y Familia, con el consiguiente despido de unos 600 empleados, se hizo a través de redes sociales, dejando a los trabajadores y hasta a los delegados gremiales en la incertidumbre.

El comunicado oficial de Capital Humano calificó a los CDR como "cajas de la política y refugios de ñoquis", justificando así la medida de cierre y los despidos como una buena noticia. Se argumentó que esto generaría un ahorro de 5.000 millones de pesos anuales. Además, se eliminaron las "unidades de gestión" del Potenciar Trabajo, administradas por cooperativas y emprendimientos productivos de organizaciones sociales, con elogios por el ahorro de otros 34 millones de dólares al año.

Contrario a la visión oficial, los CDR eran esenciales como la pata territorial y federal del ex Ministerio de Desarrollo Social. Atendían trámites para acceder a políticas públicas y realizaban tareas de acompañamiento a familias beneficiarias. Los trabajadores no solo desmienten las acusaciones de ñoquis, sino que también denuncian el desmantelamiento de herramientas y recursos para el trabajo cotidiano.


El ajuste en el Potenciar Trabajo, al segmentar el programa y cerrar las unidades de gestión, deja la gestión del programa en manos exclusivas de los funcionarios, quitando la autonomía de las organizaciones sociales. Este movimiento se enmarca en una serie de recortes en asistencia social, comedores, entrega de medicamentos de alto costo y programas escolares.

Según Manfred, delegada de ATE Capital, el gobierno intenta culpar a los trabajadores por sus propias decisiones políticas de reducir la asistencia estatal, mientras que se desentiende de su responsabilidad en garantizar el bienestar de la población vulnerable.


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